La sentencia del tribunal establecía que los procesos de privatización de Repsol, Telefónica, Argentaria, Tabacalera y Endesa no cumplían con la normativa comunitaria al no aplicar un régimen de autorización adminitrativa previa.

Asimismo, la Comisión remitió otra solicitud formal al Ejecutivo español para el cumplimiento de la sentencia en lo que respecta a la limitación de los derechos de voto en las inversiones de empresas públicas en el sector de la energía.

La petición de la CE reviste la forma de un dictamen motivado, que es la segunda fase del procedimiento de infracción establecido por el Tratado para la ejecución de sentencias de dicho tribunal.