Los parlamentarios nacionalistas habían pedido a Bruselas que se pronunciara sobre la nueva ley concursal que entró en vigor en octubre del año pasado viola el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y si es contraria a las libertades fundamentales de circulación de bienes, servicios y capitales.

Puigdemont y Comín se refieren en concreto a que la ley “no permite al deudor impugnar la aprobación del plan de reestructuración, si fuera pertinente, una vez elaborado y aprobado por los acreedores”.

Alegan que la norma tampoco reconoce “el derecho del deudor a participar en un procedimiento judicial para impugnar la aprobación que se inició tras la interposición de un recurso por las partes legitimadas para impugnar el acuerdo de aprobación del plan”.

El comisario Reynders les responde en su contestación escrita, a la que ha tenido acceso Servimedia, que la Comisión “está actualmente en proceso de evaluación de la conformidad de las medidas de transposición de todos los Estados miembros, incluida España, con la directiva sobre reestructuración”.

“Adoptará las medidas pertinentes en caso de que se constate que la transposición no se ha efectuado de manera plena y correcta en algún Estado miembro”, añade el responsable de Justicia.

Reynders subraya que los Estados miembros tenían obligación de adaptar la directiva “a más tardar el 17 de julio de 2021”, pero disponían del derecho a una prórroga de un año del plazo para la transposición, opción a la que se acogió España.