Los países concernidos son Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía.

La Directiva Marco del Agua, de 2000, y la Directiva de Inundaciones, de 2007, exigen a los países de la UE que actualicen e informen cada seis años de sus planes de gestión de las cuencas fluviales y del riesgo de inundaciones, respectivamente.

Los planes hidrológicos de cuenca incluyen un programa de medidas que son clave para garantizar el buen estado de todas las masas de agua, tal y como exige la Directiva. Y los de gestión del riesgo de inundación se forman sobre la base de mapas que muestran las posibles consecuencias adversas asociadas con los escenarios de inundación.

Según la Comisión Europea, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Grecia, España, Lituania, Malta, Portugal, Rumanía y Eslovenia no han revisado, adoptado ni informado a tiempo todos sus planes hidrológicos de tercer ciclo y sus planes de gestión del riesgo de inundación de segundo ciclo.

Además, Dinamarca, Irlanda y Polonia superan los plazos legales de la revisión, la adopción y la presentación de informes de los terceros planes hidrológicos de cuenca, y Luxemburgo y Eslovaquia los han rebasado respecto a los segundos planes de gestión del riesgo de inundación.

DIECISÉIS PAÍSES

Por lo tanto, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a estos 16 Estados miembro de la UE, que tienen dos meses para responder y abordar las deficiencias planteadas. A falta de una respuesta satisfactoria, el Ejecutivo comunitario podrá decidir emitir un dictamen motivado.

Sin embargo, España ha hecho los deberes en esta materia, puesto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de enero dos reales decretos que actualizan los planes de gestión de riesgo de inundación, cuyo presupuesto total previsto es de unos 2.235 millones de euros.

Esos planes se refieren a las demarcaciones intercomunitarias del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla, así como a la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa.

Además, el Consejo de Ministros aprobó una semana después un real decreto que revisa los planes hidrológicos hasta 2027 en 12 demarcaciones intercomunitarias de competencia estatal (Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y la parte española del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro), que abarcan el 86% del territorio y aglutinan el 65% de la población, así como en Galicia Costa y Baleares. También avaló cada uno de esos nuevos planes hidrológicos.

La revisión del plan del Tajo consuma el recorte de agua que se trasvasará al Segura porque fija por primera vez caudales ecológicos en el río más largo de la Península Ibérica y, en paralelo, el Gobierno apuesta por interconectar las desaladoras en el área levantina con parques fotovoltaicos que reduzcan los costes energéticos.