Esa norma exige que los países de la UE adopten todas las medidas necesarias para garantizar que la gestión de residuos no ponga en peligro la salud humana ni dañe el medio ambiente.

Los Estados miembro también deben garantizar que los residuos se eliminen de forma segura y que los productores originales de residuos los traten ellos mismos o se cercioren de que el tratamiento se realiza de forma adecuada. Según la Comisión Europea, España no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir estos requisitos.

“La persistencia de al menos 195 vertederos ilegales que aún no han sido cerrados, sellados y restaurados desde 2008 está causando daños importantes al medio ambiente y poniendo en peligro la salud humana”, indicó el Ejecutivo comunitario.

Además, recalcó que “España no ha cumplido con sus deberes de escrutinio, inspección y aplicación de la ley en materia de vertidos de residuos”, lo que crea riesgos para la salud y el medio ambiente.

La Comisión Europea envió una carta de emplazamiento formal a España en diciembre de 2015, seguida de un dictamen motivado en noviembre de 2018.

A pesar de algunos avances, las autoridades españolas no han subsanado plenamente las deficiencias, según el Ejecutivo comunitario, que tiene su sede en Bruselas (Bélgica).

La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades españolas han sido “insuficientes hasta la fecha”, por lo que acordó denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.