Según informó Bruselas, esta ayuda de Estado se destinará a reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado ibérico (Mibel) mediante la minoración del coste de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles.

Para dar su visto bueno a esta iniciativa, prevista en un decreto que debe ser convalidado mañana por el Pleno del Congreso de los Diputados, la Comisión reconoce que las economías española y portuguesa están experimentando una grave perturbación.

Además, señala que la medida está en consonancia con la Comunicación de la Comisión sobre seguridad del suministro y precios de la energía asequibles, así como con las conclusiones del Consejo Europeo, ambas de marzo de 2022, en las que se hace referencia a la adopción de medidas temporales de emergencia para reducir los precios al contado del mercado de la electricidad en favor de las empresas y los consumidores, que no afecten a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común.

El Gobierno indicó que el BOE publicará mañana una Orden de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que especificará la fecha de aplicación del mecanismo. Será el próximo martes, 14 de junio, y afectará a la casación del mercado mayorista de la electricidad que se celebrará ese día para fijar los precios del día siguiente, miércoles 15 de junio.

De este modo, el Ejecutivo considera que las compañías eléctricas y el resto de agentes del mercado tienen plazo suficiente para presentar las garantías económicas que respalden sus operaciones.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, destacó que “la medida temporal que hemos aprobado hoy permitirá a España y Portugal reducir los precios de la electricidad en beneficio de los consumidores, quienes se han visto gravemente afectados por el aumento de los precios de la electricidad como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia”.

Al mismo tiempo, defendió que “se preservará la integridad del mercado único” y explicó que “esta medida permite a España y Portugal disponer de cierto margen de tiempo para adoptar reformas que aumenten la resiliencia futura de su sistema eléctrico, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde, y, en última instancia, mitiguen aún en mayor medida los efectos de la crisis energética sobre los consumidores finales”.

Esta medida se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023. La modalidad de la ayuda será el pago de una subvención directa a los productores de electricidad con el fin de financiar una parte de sus costes de combustible. El pago diario se calculará como la diferencia de precio entre el precio de mercado del gas natural y un límite máximo del precio del gas fijado en una media de 48,8 euros por megavatio durante el período de vigencia de la medida.

Más concretamente, durante los seis primeros meses de aplicación de la medida, el límite de precio efectivo se fijará en 40 euros. A partir del séptimo mes, este límite se incrementará mensualmente en 5 euros al mes, lo que dará lugar a un límite de precio de 70 euros en el duodécimo mes.

Se financiará con las rentas de congestión, obtenidas por el gestor de la red de transporte español como resultado del comercio transfronterizo de electricidad entre Francia y España, y con una cuota impuesta por España y Portugal a los compradores que se beneficien de la medida.

El precio de la electricidad resultante tras aplicar el mecanismo dependerá, principalmente, del precio del gas en el Mercado Ibérico del Gas (MibGas) y del precio del CO2.

Considerando 96 euros por megavatio para el gas y 80 euros tonelada para el CO2, el mecanismo dejará el precio medio del pool en menos de 130 euros por megavatio durante los 12 meses, frente a los más de 210 euros que se registrarían en su ausencia.

De este modo, la única electricidad que los consumidores pagarán a coste de gas será la producida con centrales de gas.

Esta reducción beneficiará a todos los consumidores de electricidad, tanto a los que tengan contratos con precios variables, indexados al pool -como el PVPC-, que lo notarán inmediatamente, como a los que tengan contratos con precios fijos, que lo percibirán si los renuevan o los cambian durante el año de vigencia del mecanismo. Únicamente los consumidores con contratos a precios fijos a largo plazo que venzan después del año de aplicación de la medida no se verán afectados por la medida.

Así, el 37% de los hogares, acogidos al PVPC, experimentarán una reducción inmediata en las facturas. En el caso de la industria, la rebaja dependerá del grado de indexación al pool de sus suministros energéticos, normalmente mayoritarios. Para los demás consumidores, con contratos de precio fijo, la rebaja final dependerá de las condiciones pactadas con la compañía eléctrica, pero obtendrán precios más bajos porque la medida reduce los precios mayoristas que sirven de referencia.

Este efecto reductor en cascada también ayudará a contener el IPC, afectado por las tensiones en los costes energéticos.

Las centrales térmicas de gas, los ciclos combinados, seguirán cobrando lo necesario para garantizar el suministro eléctrico. Este coste se repercutirá únicamente sobre los consumidores beneficiados por la medida en cada momento y siempre será menor que el ahorro final proporcionado por ella.

Adicionalmente, la rebaja de los precios del pool recortará los beneficios extraordinarios que están obteniendo las empresas generadoras de electricidad con la coyuntura actual. La medida es complementaria con la minoración de gas, para frenar la escalada de precios y revertir parte de esos beneficios extraordinarios a los consumidores.

El real decreto ley que se debe convalidar mañana también incluye el mandato de modificar la metodología de cálculo del PVPC para incorporar referencias basadas en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario. De este modo se combinará la estabilidad con incentivos para la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda. Se prevé que el nuevo PVPC empiece a aplicarse desde el inicio de 2023.