Esta directiva establece normas ecológicas y de seguridad para dichos productos y se promulgó como complemento de una anterior por la que se fijaba un sistema de autorización para el uso de productos fitosanitarios, principalmente plaguicidas agrícolas.

La nueva normativa exige de los Estados miembros que establezcan igualmente un sistema de autorizaciones para la venta de biocidas. Estos productos se utilzan para el control de los organismos perjudiciales para la salud humana o animal y de los organismos dañinos para los productos naturales o manufacturados. Entre los biocidas figuran productos como los protectores para madera, los desinfectantes y los insecticidas.

La legislación nacional por la que se incorpora esta directiva al derecho interno debería haberse aprobado y comunicado a la Comisión antes del 15 de mayo de 2000. Al no recibirse notificación alguna de los Estados miembros, el 8 de agostode 2000 se les envió una carta de emplazamiento (primera advertencia), por la que se les concedía un plazo de dos meses para presentar observaciones.

España y Alemania comunicaron que la legislación se hallaba en fase preparatoria, pero no han aportado ningún documento posterior. El Reino Unido adjuntó un proyecto legislativo cuya aprobación estaba prevista para finales de este año. El resto de los Estados contra los que ahora se emitirá un dictamen motivado no llegaron a responder.