El régimen original fue aprobado por la Comisión en enero de 2021 y expiró en diciembre de 2022. El objetivo del régimen es mitigar el riesgo de que, debido a las cargas que impone el gran consumo energético, las empresas puedan trasladar sus actividades a ubicaciones fuera de la UE con políticas climáticas menos ambiciosas.

La medida beneficiará a multitud de empresas que operan en hasta 114 sectores distintos que dependen “en gran medida” de la electricidad y que están “especialmente expuestos” al comercio internacional. Los beneficiarios recibirán una reducción de la tasa de entre el 75% y el 85%, en función de su exposición al riesgo. La reducción aplicable no debe dar lugar a una tasa inferior a 0,5 euros por megavatio hora (MWh)..

En virtud del régimen, que se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2028, los beneficiarios deberán realizar a cambio determinadas inversiones en eficiencia energética, invertir “al menos” el 50% de la ayuda en proyectos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, o cubrir “al menos” el 30% del consumo de electricidad con fuentes de energías renovables.

Además, la Comisión permitirá a los beneficiarios de una reducción de la tasa del 75% recibir ayudas más elevadas si cubren “al menos” el 50% del consumo de electricidad con energías renovables y el 10% del consumo a través de un acuerdo de adquisición de electricidad renovable o el 5% a través de la producción ‘in situ’ de fuentes de energía limpia.