Entre otros puntos, estas directrices aclaran qué personas tienen derecho a ella y cómo asistir en particular a los menores.

Establecen el alcance de la protección temporal (incluyen por ejemplo a las personas que tenían reconocida la protección internacional en Ucrania), señalan el tipo de pruebas necesarias para beneficiarse de ella e incluyen un capítulo dedicado a los niños.

En este capítulo, se ordena que a los menores no acompañados se les designe inmediatamente un tutor legal o una representación adecuada y que todos los niños que huyen de la guerra tengan “plena protección y rápido acceso a sus derechos específicos” como educación, atención médica y la asistencia psicosocial, con independencia de su estatus.

El documento publicado hoy explica también por ejemplo que un permiso de residencia debe servir como documento para probar el estatus de una persona ante otras administraciones (oficinas de empleo, colegios, hospitales…) y que, mientras esos permisos estén pendientes de resolución, los Estados miembro deben facilitar la apertura de cuentas bancarias y el acceso a los servicios pertinentes sobre la base de un documento de identidad o una prueba de entrada en la UE posterior al 24 de febrero.

Además, ofrece una definición de "protección suficiente" en virtud del Derecho nacional que constituye una posible alternativa a la protección temporal que pueden ofrecer los Estados miembros y que no tiene que ser idéntica a esta, aunque sí ha de respetar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el espíritu de la Directiva sobre Protección Temporal.

En este sentido, supondría garantizar el respeto de la dignidad humana y, por tanto, un nivel de vida digno para todas las personas.

La Comisión también anima a los Estados a considerar la posibilidad de ampliar la protección temporal a las personas que, en sentido estricto, no quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la norma pero que necesitan protección, como las que huyeron de Ucrania poco antes del 24 de febrero de 2022.

Finalmente, la Comisión coordina los esfuerzos de reubicación para el traslado de niños y adolescentes no acompañados a otros Estados, y aboga por facilitar ayuda para la repatriación a quienes no tienen derecho a permanecer en la UE y que necesitan asistencia consular.