Así lo indicaron fuentes jurídicas después de que el presidente del Congreso declarará como testigo durante dos horas y media ante Grande-Marlaska en el marco de las investigaciones que el magistrado lleva a cabo para dilucidar las posibles responsabilidades políticas y militares en el siniestro del Yakovlev.

Al abandonar la sede de los juzgados, Bono, que en su declaración no quiso cargar las tintas contra la gestión de su antecesor en el Ministerio de Defensa, Federico Trillo, explicó que no es "ni el juez, ni el fiscal ni el abogado de nadie".

Según explicaron las fuentes jurídicas consultadas, Bono aseguró ante el juez que antes del siniestro del Yak-42 existían al menos 18 quejas sobre las deficiencias de los vuelos en los que eran transportadas las tropas.

En este sentido, afirmó que al menos una de estas quejas, en concreto una elaborada por el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (Ciset), llegó vía fax al gabinete del Ministerio dirigido en aquella época por Trillo.

De hecho, el presidente del Congreso de los Diputados se comprometió ante Grande-Marlaska a aportar a la investigación una serie de documentos que tiene en su poder.

Bono indicó que el malestar en el seno de las Fuerzas Armadas por las deficiencias en la seguridad de vuelos de transporte de las tropas, tanto en lo referente a la calidad de los aparatos como en relación con la capacidad de las tripulaciones, era "elocuente y alto".

LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS

En su declaración judicial, en la que estuvo presente el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el ex ministro de Defensa aseguró que en el Ministerio de Defensa había constancia de las limitaciones presupuestarias que existían en 2003 para la contratación de los vuelos.

Según explicó, estas limitaciones se debían en parte al contexto en el que se produjo el siniestro, principalmente debido al dispositivo puesto en marcha tras la catástrofe del Prestige y a los preparativos de la guerra de Iraq, en las que se destinaron dinero de Defensa.

Bono dijo que se tardó cerca de dos años en conseguir poner en claro toda la cadena de subcontrataciones que dieron lugar al alquiler del Yak-42, y añadió que en los documentos que probaban esta cadena existía un evidente ánimo de ocultación, ya que alguno de ellos estaban tachados con Típex.

Por último, indicó que hasta la fecha del accidente del Yak-42 nunca se habían realizado inspecciones en los aviones que se utilizan para transportar a los militares en misiones en el exterior, y aseguró que esta labor era responsabilidad de las autoridades españolas y no de organismos como Namsa, la agencia de contratación de la OTAN.

RESPETO A LAS VÍCTIMAS

Tras abandonar el despacho de Grande-Marlaska, Bono se acercó, acompañado por Zaragoza y por el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, a departir con la veintena de familiares de las víctimas que estaban presentes en la sede de los juzgados.

Tras esta visita de cortesía, el presidente del Congreso explicó que decidió acudir en persona a la sede de la Audiencia Nacional, y no realizar una declaración por escrito como hizo Trillo, "por respeto a la justicia y a la memoria de las víctimas" y para cumplir con su obligación.

Bono aseguró que había relatado al juez "todo aquello" que sabía sobre las circunstancias que rodearon al accidente del Yak-42 y añadió que su declaración judicial no había sido muy distinta a la que pronunció ante el Pleno del Congreso de los Diputados el 21 de octubre de 2004.

Por último, el ex ministro de Defensa quiso dar las gracias a Zaragoza y Dívar por haberle "esperado y acompañado" en "la primera ocasión" en la que acude a la Audiencia Nacional.

Tras la comparecencia de Bono, la única declaración que queda pendiente en esta investigación es la de Russi Batliwala, el responsable de la oficina en Frankfurt (Alemania) de la compañía Chapman Freeborn, la empresa británica que alquiló el Yak-42 para el Ministerio de Defensa y la supuesta persona que decidió en última instancia la contratación del avión siniestrado. Su comparecencia tendrá lugar, en principio, el próximo 6 de mayo.

Por otro lado, la Audiencia Nacional estudiará mañana martes si reabre la otra de las causas relativas al Yak-42, en concreto la investigación judicial sobre los presuntos errores cometidos en la identificación de los cadáveres de las víctimas del accidente.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será la encargada celebrar mañana, a partir de las 10.00 horas, la vista de apelación en la que se analizarán los recursos presentados por la Fiscalía y por la Asociación de Familiares del Accidente Turquía Yak-42 (Afaty) contra el archivo de las investigaciones decretado por Grande Marlaska.