Fuente presentes en la declaración, que se extendió por espacio de dos hora y media, explicaron que el ministro aportó la documentación relativa a la contratación de Álvarez y respondió a todas las preguntas que le formularon tanto el juez como las partes.

En el momento en el que se produjo esa contratación, Bolaños ostentaba el cargo de Secretario de Estado de Presidencia, por lo que habría sido el responsable último de la contratación. El juez Peinado considera que hay indicios de un delito de malversación porque la asistente llevaba la agenda y los asuntos personales y profesionales de Begoña Gómez.

Según explicó el ministro, la figura de asistente del cónyuge de quien ocupa la Presidencia del Gobierno “siempre ha existido” y, en este caso concreto, “la contratación es conforme a la ley”. Además, Bolaños negó que fuera su “jefe” directo. Álvarez ya declaró ante el juez Peinado y en su comparecencia explicó que entre otras funciones llevaba la agenda personal y profesional de Gómez.

Al término de la declaración la representante de Vox, que ejerce la acusación popular, Marta Castro, dijo a los periodistas que “las funciones que realizaba Cristina Álvarez no se limitaba a las de su cargo sino que estaba realizando trabajos para la actividad profesional propia de doña Begoña Gómez, y eso no tiene ninguna cobertura legal”.

Por ese motivo, Vox apuesta por que la investigación “siga su curso” y aventuró que “no acaba aquí”. Además, anunció que va pedir nuevas testificales, al tiempo que recordó que el juzgado ordenará en los próximos días nuevas diligencias.

El juez Peinado decidió ayer sancionar tanto a Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, (con 5.000 euros) como a los representantes legales de Vox y Hazte Oír que ejercen la acusación popular, con 500 a cada uno por hacer declaraciones a los periodistas en relación a la declaración de la esposa del presidente del Gobierno el pasado 18 de diciembre.