La sentencia, a la que tuvo acceso Servimedia, considera probado que las empresas demandadas dejaron de abonar los salarios desde el mes de agosto de 1991, por lo que las condena al pago de los atrasos y una indemnización de 45 días por año de servicio.

El pago de los 1.300 millones resultantes deberá ser efectuado solidariamente por las empresas Boetticher y Navarro, y otras cinco compañías creadas en torno a ella por el presidente del Consejo de Administración dela compañía, Jorge Juan Larrumbide Arbeloa.

El juez considera probado que el entramado de empresas depende de Jorge Juan Larrumbide Arbeloa, a través de Gestiber S.A. la compañía tenedora de la práctica totalidad del capital social de Boetticher y Navarro, cuyas instalaciones están ubicadas en la localidad madrileña de Villaverde.

En su opinión, Larrumbide Arbeloa había constituido una auténtica comunidad de bienes, con una administración y toma de decisiones unitarias, un capital común del que e propietario mayoritario y una política comercial y de gestión unitaria.

Gestiber S.A., la compañía utilizada por Larrumbide para ejercer el control de todo el grupo de empresas, adquirió la propiedad de Boetticher y Navarro en 1988, después de que los anteriores propietarios hubiesen llegado a un acuerdo con los acreedores y a un convenio colectivo con los trabajadores para reducir la plantilla en 170 empleados entre 1987 y 1991.

El plan se cumplió y la empresa contaba actualmente con 200 trabajdores y un capital social de 1.100 millones de pesetas, aunque la sentencia señala que "los balances y cuentas presentados por Boetticher y Navarro, S.A. han sido confeccionados por ella misma, sin que exista una auditoría externa con un mínimo de fiabilidad"

ESPECULACION URBANISTICA

Por otra parte, la sentencia señala que Gestiber "ha encargado estudios de viabilidad urbanística y comercial de los solares donde se ubican las instalaciones de Boetticher, en la carretera de Andalucía".

Mario Yusa, secretario del comité de empresa de Boetticher y Navarro, manifestó hoy a esta agencia que esos estudios revelan que la compra de Boetticher por parte de Gestiber fue realmente una operación de especulación urbanística.

Con ese fin, añadió, la dirección intentó liquidar la empresa mediante un expediente de crisis, a fin de hacer recaer las indemnizaciones sobre el Fondo de Garantía Salarial, estrategia a la que éste organismo se opuso compareciendo en el proceso para solicitar la condena de las empesas demandadas.

Yusta explicó que Boetticher y Navarro (que no tiene ninguna relación actualmente con Thyssen Boetticher) no funciona desde finales de noviembre de 1991, aunque los trabajadores continuaron asistiendo a la empresa para exigir el pago de los atrasos, a pesar de que ni siquiera hay suministro de luz.

Según el representante de los trabajadores, Gestiber, que se hizo con la propiedad de la empresa por el precio simbólico de una peseta, manifestó desde el principio su intención de no umplir el convenio de acreedores ni el convenio colectivo.

A su juicio, toda la estrategia de la empresa ha ido dirigida a evitar la presentación de una quiebra formal "porque se les habría escapado el control de la sociedad y no habrían podido especular con los terrenos".

Boetticher y Navarro, que se dedicaba a la fabricación de ascensores y escaleras mecánicas, fue fundada en 1906 y pasó por el INI, el grupo empresarial vasco de la familia Erhardt y un grupo de directivos, antes de ser compradapor sus actuales propietarios.