La publicación de esta resolución en el BOE supone el paso final antes de que los empleados públicos vean en su nómina de octubre este incremento de su sueldo extra. Este mes, se abonará el importe correspondiente al periodo enero-septiembre, y en noviembre y diciembre la retribución de los dos últimos meses del año.

La medida, que tendrá un coste de 791 millones de euros, es adicional al 2,5% aplicado a principios de este año y se ejecuta después de que se cumpliera una de las cláusulas acordada con los sindicatos. En concreto, el 'Acuerdo marco para una administración del siglo XXI' establecía que los 3,5 millones de empleados públicos recibirían una remuneración extra si el Índice de Precios Armonizados (IPCA) de septiembre subía más de un 6% con respecto a enero de 2022.

El INE confirmó la semana pasada que este nivel se ha superado con creces –salvo que se produzca una revisión sin precedentes dentro de dos semanas–, por lo que, inmediatamente después, la cartera dirigida por María Jesús Montero, a través de la secretaría de Estado de Función Pública, ratificó a los sindicatos que se cumplían las condiciones para llevar a cabo esta subida salarial.

En concreto, la variación del IPCA del año 2022 se situó en el 5,5%, mientras que, hasta septiembre de este año, registra un alza del 3,2%, según el dato adelantado por el INE.

POSIBLE SUBIDA EXTRA EN 2024

No obstante, los funcionarios todavía pueden beneficiarse de otro incremento salarial, aunque este se cobraría en los primeros meses del 2024. Se trataría de otra subida del 0,5% que también tendría efectos retroactivos desde enero del 2023, pese a percibirse en 2024. Se abonará solo si el crecimiento del PIB español de este año llega al 2,1%.

Organismos como la Comisión Europea, el FMI, la OCDE, la Airef o el Banco de España coinciden en que esta cifra se alcanzará, aunque todavía queda por ver cómo la ralentización económica de la segunda parte del año afecta al crecimiento económico del conjunto del año.