Según los datos publicados este martes por el Banco de España, de los 3.301 beneficiarios de moratorias, de los cuales 2.789 eran deudores y 512 avalistas. Sin apenas variación respecto al mes anterior, un 64% de los deudores beneficiarios correspondía a asalariados, mientras que, en relación a los avalistas beneficiarios, el porcentaje de asalariados se situaba en el 53%.

La moratoria legal estableció la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal para los créditos y préstamos, con y sin garantía hipotecaria, concedidos a particulares y empresas afectados por la erupción volcánica de la Cumbre Vieja en la isla de La Palma.

Respecto a los autónomos y empresas, el mayor peso por ramas de actividad de los principales beneficiarios correspondía, al igual que en meses anteriores, a los sectores de comercio, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y hostelería. Conjuntamente, estas ramas representan cerca del 60% del total de las moratorias concedidas.

Las solicitudes de moratoria recibidas por las entidades hasta el 28 de febrero se situaron en 3.231, por encima de las 3.132 registradas un mes antes. De la cifra total de solicitudes, se habían concedido 2.267 y 926 estaban siendo tramitadas por las entidades. El número de solicitudes denegadas apenas varió, situándose en 38, dos más que las reportadas a fin del mes anterior.

Así, en el mes de febrero el número de solicitudes presentadas por los deudores aumentaron en 99 (+3%), las solicitudes concedidas se incrementaron en 115 (+5%) y el importe en euros del saldo vivo de los préstamos cuyo pago se suspende creció en 4,4 millones de euros (+5%) respecto al dato acumulado a fin del mes anterior.

El Banco de España destacó que estas tres magnitudes presentaron un “crecimiento moderado alejado de las tasas correspondientes a los dos primeros meses de despliegue de las medidas en los que los deudores ya habían presentado la mayor parte (el 83%) de las solicitudes recibidas hasta el momento”.

Las solicitudes recibidas correspondientes a préstamos con garantía hipotecaria siguieron representando en torno al 30% del total. Por importes, el saldo vivo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos ascendió a 89,5 millones de euros, de los cuales el 65% correspondían a operaciones hipotecarias.