Según indicaron fuentes ministeriales, los ministerios afectados por estas propuestas ya tienen el detalle de unas medidas que el secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, envió el pasado martes en términos genéricos al Ministerio de Hacienda.

Además, Belarra reitera su petición de que todas las medidas del Plan aprobado el 29 de marzo en Consejo de Ministros se prorroguen hasta el 31 de diciembre y no sólo hasta octubre, como anunció la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es decir, se extendería hasta fin de año el descuento en carburantes, el aumento de un 15% en la cuantía del ingreso mínimo vital y el límite de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda al 2%.

En cuanto al abono transporte público urbano e interurbano, que la ministra propone reducir hasta los 10 euros, la bajada de precio se sufragaría a través de la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por importe de 560 millones, que financiaría un Fondo Extraordinario de Fomento al Transporte Público.

Respecto a las pensiones no contributivas con carácter inmediato, su incremento se incorporará de forma acumulada a la nómina del mes de julio de 2022, para que los pensionistas que reciben prestaciones menores puedan hacer frente a la inflación sin esperar a final de año.

En concreto, Belarra propone incrementar en un 15% respecto de 2021 la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva. Coincide así con el aumento que EH Bildu anunció haber pactado con el PSOE en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para apoyar la Ley de Planes de Pensiones.

La tercera de las medidas que Derechos Sociales avanzó la semana pasada, la modificación urgente del Bono Social para ampliar su extensión hasta los dos millones de familias, y agilizar su tramitación mediante la automatización de los trámites y el intercambio de información entre administraciones, incorporaría un "principio de precaución" por el que no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua en la vivienda habitual cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida o el agravamiento de la situación de vulnerabilidad social o económica.

Así, se pondría en marcha un protocolo obligado de comunicación por el que la empresa suministradora deba comunicar su intención de cortar el suministro previamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que hará una comprobación de renta y pedirá un informe a los servicios sociales. En el caso en el que se certifique la vulnerabilidad, no podrá procederse al corte del suministro.