En su escrito de apelación sostiene que el instructor está realizando una investigación "prospectiva e inquisitorial", que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional prohíben expresamente. Antonio Camacho, que representa a Gómez, argumenta que “en un Estado de derecho avanzado como el nuestro” no cabe la investigación de “toda la vida de mi representada, ni siquiera con la vinculación de esa formulación que hace el auto objeto de recurso a la denuncia inicial del sindicato Manos Limpias. En definitiva, que no cabe una investigación de todos los actos, conductas y comportamientos de nadie en un sistema procesal penal democrático”.

El letrado vuelve a recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid que ya se pronunció sobre esta investigación el pasado 29 de mayo, estableciendo que de entre los hechos denunciados por Manos Limpias tan sólo se debía aclarar lo relativo a los contratos del ente público Red.es, que ahora están en manos de la Fiscalía Europea por involucrar fondos comunitarios.

Camacho defiende que no hay indicios delictivos que justifiquen continuar esta instrucción y, por tanto, “mi representada debe dejar de estar en este procedimiento en calidad de investigada. Y todo ello sin perjuicio de que los hechos por los que se inició esta causa estén siendo investigados por la Fiscalía europea".

Begoña Gómez estaba citada a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado el pasado viernes, 5 de julio. Su comparecencia fue suspendida finalmente y aplazada al 19 de julio, al constarse que la querella presentada por Hazte Oír no le había sido trasladada.