Esa facultad quedará reconocida en una próxima reforma de la Ley de Disciplina Bancaria, que ha negociado el Banco de España con los Ministeros de Economía y de Justicia. Con ella, afirmó Rubio, se pretende acabar con "vacíos legales" puestos de manifiesto por el reciente cierre del Bank of Credit and Commerce (BCC).

El gobernador justificó todos los pasos dados por el Banco de España en relación al BCC, desde que en 1983 pudo empezar a funcionar en nuestro país, al adjudicársele el antiguo Banco de Descuento, hasta el cierre de la entidad, el pasado mes de julio.

El gobernador negó que hubiese influencias políticas en la adjudicacióndel Banco de Descuento y aseguró que el BCCI realizó en España una gestión desastrosa, pero no operaciones de blanqueo del narcotráfico ni otras actuaciones irregulares.

La adjudicación al BCC, añadió, no ofrecía dudas, porque la oferta que presentó para asumir el Banco de Descuento tenía un coste para el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) 2.041 millones de pesetas inferior a la presentada por el Banco de Bilbao, la otra alternativa (5.354 frente a 3.313 millones).

Reconoció, sin embargo, que e la Comisión Gestora del FGD, que cuenta con cuatro representantes del Banco de España y 4 de la banca privada, no hubo ningún voto, entre estos últimos, a favor de la adjudicación al BCC.

En aquella ocasión, de los cuatro representantes privados acudieron tres: Emilio Ybarra, entonces consejero delegado del Banco de Bilbao, que no participó en la votación al ser parte interesada; un representante del Banco de Sabadell, que se abstuvo; y otro del Banco Central, que defendió la adjudicación al Bilbao, or entender que las entidades nacionales deberían tener prioridad en la compra de bancos en crisis.

Rubio aseguró que "comprendía" esa posición, pero que el criterio del Banco de España era que debía elegirse la opción más barata para el erario público y se preguntó qué hubiese dicho el Tribunal de Cuentas si se hubiese actuado de otra manera.

SE VENDIO AL MEJOR POSTOR

En su opinión, se vendió al mejor postor, con "una capacidad y solvencia económica suficientes", por lo que las acusaciones de ráfico de influencias carecen de fundamento. Si hubiese algo irregular, agregó, la oferta del BCCI no habría sido tan superior a la del Bilbao.

El gobernador explicó que el BCCI fue controlado mediante tres inspecciones "in situ" del Banco de España, efectuadas los años 1986, 1989 y 1991 (en 1990 ya tuvo unas pérdidas de 2.165 millones de pesetas).

A consecuencia de última inspección, que demostró la inviabilidad de la entidad, el Banco de España formuló el pasado 8 de abril un requerimiento en e que amenazaba a los accionistas y administradores del BCC con "medidas cautelares" si no ponían orden en sus cuentas.

Sin embargo, no se decidió a retirarles la ficha para actuar en España ni a cerrarles las sucursales hasta que se desató el escándalo a nivel internacional. En ese momento, la actuación se hizo inaplazable, según Rubio, para proteger a los pequeños ahorradores y garantizar el mantenimiento de los activos.

A su juicio, no habría sido de recibo mantener abiertas las sucursales paraque los grandes depositantes que se habían beneficiado de los altos tipos de interés pagados por el BCC retirasen sus fondos, en perjuicio de los pequeños ahorradores.

Estos últimos, además, "habrían colapsado las ventanillas de las sucursales, provocando un caos generalizado" y asimismo "se habría podido producir muy fácilmente un efecto de contagio, principalmente respecto a otras entidades de crédito de tamaño reducido".

Al producirse el cierre, el BCCI contaba con 15.018 depositantes, con un aldo de 17.682,4 millones de pesetas. De ellos, 13.356 tenían saldos inferiores a 1,5 millones, que son los asegurados por el FGD, y los 1.662 restantes no. Los depositos no cubiertos ascienden a 13.096,6 millones.

En cuanto al futuro inmediato del BCC en España, Rubio aseguró que están haciendo todo lo posible para facilitar la venta a un comprador solvente, pero recalcó que la decisión depende de los administradores judiciales del BCCI Holdings, con sede en Luxemburgo, que son en estos momentos los epresentantes legales de los accionistas.

Respecto a los empleados del banco, aseguró que no es su responsabilidad garantizarles el empleo, aunque señaló que el acuerdo alcanzado para que se mantengan en su puesto de trabajo hasta el próximo 27 de setiembre es muy probable que sea prorrogado.