La Mesa conjunta de ambas cámaras fue la encargada de analizar las ofertas que distintas entidades hicieron al optar a la adjudicación de la gestión bancaria de las Cortes y se decantó por el Santander, que hizo "la mejor oferta".

Los servicios bancarios de ambas cámaras se adjudican mediante un concurso por un plazo de tres años, prorrogables por otros tres. En 1985 se adjudicó este concurso por primera vez a Argentaria, la banca pública de entonces.

La posterior fusión de Argentaria y el Banco Bilbao Vizcaya dejó en manos del BBVA la gestión de las dos oficinas. Las Cámaras habían definido un pliego de condiciones para la prestación de los servicios bancarios necesarios para la gestión ordinaria derivada de la ejecución presupuestaria de las Cortes, el Congreso y el Senado.

Además del mantenimiento de las oficinas del Congreso y el Senado, las condiciones incluyen la apertura de tres cuentas corrientes principales, que según fuentes de la Cámara Baja tendrán una remuneración superior a la ofertada por cualquier otro banco.

Las cuentas abiertas en estas oficinas no pagan comisiones ni de administración ni de mantenimiento, ni tampoco se cobra por las tarjetas de débito o crédito que solicitan los clientes. Además, los préstamos se conceden en condiciones ventajosas.