Unos y otros esgrimieron argumentos ya conocids en defensa de sus respectivas posiciones. El más intenso rifirrafe dialéctico se produjo entre el portavoz popular, Vicente Martínez Pujalte, y el socialista, Jordi Sevilla, que rechazó la acusación de que un gobierno socialista autorizase al BBV la apertura de una cuenta opaca en la Isla de Jersey.

Sevilla comenzó su exposición echando en cara al presidente del Gobierno, José María Aznar, que en 1990 criticara al Ejecutivo socialista por tratar de "cercenar la actuación de comisiones de investigacin".

Le recordó, igualmente, que cinco años más tarde prometió que, si ganaba las elecciones, "la mayoría (parlamentaria) no podrá bloquear" la creación de este tipo de comisiones.

El diputado socialista trató de convencer a los bancos populares de que "lo mejor que pueden hacer" es apoyar la creación de una comisión para aclarar todo lo ocurrido y les pidió que "recorran el mismo camino que en el caso Gescartera y apoyen nuestra propuesta".

En contra de lo que defiende el PP, Sevilla argumenó que los cuatro grupos proponentes de la creación de la comisión, que representan a más de diez millones de votantes, detectan la existencia de responsabilidades políticas en el Gobierno actual.

Habida cuenta de que la creación de las cuentas opacas del BBV datan de 1987, el diputado socialista pidió que, en todo caso, se aclare lo ocurrido desde esa fecha "para acabar con dudas, sospechas, insidias y rumores", y para "colocar a cada uno, empezando por el Gobierno actual, ante sus responsabilidades plíticas".

De ese modo, los socialistas manifestaban su disposición a que la comisión de investigación estudie todo lo ocurrido en el caso del BBV, incluso bajo gobiernos del PSOE y con el objetivo de que se aclare todo "caiga quien caiga".

Lo que no admitió Sevilla fue la acusación que le lanzó Martínez Pujalte relativa a la autorización que, según dijo, dio el Gobierno socialista al BBV para la creación de una cuenta opaca en la isla de Jersey. El portavoz del PSOE exigió pruebas de ese hecho y idió al diputado popular "que las ponga en conocimiento" del juez que instruye el caso o "que rectifique".

Por su parte, Pujalte no se desdijo de su acusación y recordó al PSOE que esa información ha aparecido en prensa, por lo que recomendó a Sevilla que "pregunte al ausente" (Felipe González) o al ministro de Economía de entonces (Carlos Solchaga), "que algo podrán contarle".

RESPONSABILIDAD POLITICA

Para el PSOE, "hay razones suficientes para derivar responsabilidades políticas del actual Goierno en el asunto de las cuentas secretas del BBVA. Por omisión y por indicios racionales de acción".

En este sentido, el portavoz socialista preguntó por qué necesitó el Banco de España 15 meses para abrir una investigación, por qué no detectó ni antes ni después de 1986 las irregularidades, cuándo conoció el Gobierno la existencia del problema y si tomó alguna decisión.

Insistió también que en el único cargo político sobre el que pesa una petición de imputación "es un secretario de Estado de s Gobierno", lo que ha inducido al PP a "poner en marcha el plan B de tratar de inculpar al PSOE en el asunto y sacar a relucir el caso Filesa".

Para los socialistas, "está en juego la credibilidad del Gobierno, porque la hipótesis de que usó información privilegiada para intervenir" en la fusión y en la conformación de la dirección "es muy fuerte".

Según Sevilla, "hay poderosas sombras que se proyectan sobre el Gobierno de ahora", por lo que afirmó que la creación de la comisión será apoyada por todos los que no tenemos nada que ocultar".

LUCES ROJAS

Para el portavoz de IU, Felipe Alcaraz, en el PP "se han encendido todas las luces rojas" ante el peligro de que se pueda ver afectado "el poder de los poderes". Consideró que la "munición" usada por el PP para justificar su negativa a la creación de la comisión está cargada de "argumentos rechinantes".

Alcaraz insistió en que, tras la aceptación del PSOE de que se investigue desde 1987, la argumentación del PP para negarse se vuelve "patéica". Exigió a los populares que dejen de "amenazar" con hurgar en el pasado y que se sometan al control del Parlamento.

El diputado de IU argumentó que, en contra de lo defendido por el PP, el Reglamento del Congreso dice que se pueden crear comisiones de investigación sobre cualquier asunto de "interés público", por lo que se opuso a que el ámbito de las empresas privadas se erijan en "un santuario en el que no se pueda entrar, y el en que se haga lo que se haga este Parlamento no pueda investigar". Alcaraz pidió el cese inmediato del secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, cuya imputación judicial ha sido solicitada por el Fiscal Anticorrupción y exigió igualmente que el vicepresidente Rodrigo Rato aclare si recibió créditos de Argentaria.

Entiende IU que el Gobierno no ha aclarado suficientemente cuando tuvo conocimiento de las irregularidades del BBV y consideró "patético" que la Agencia Tributaria "tenga que comenzar su investigación a partir de recortes de periódics".

Por todo ello, Alcaraz exigió a los populares que aborden una reforma del sistema financiero español y que abandonen esa "especie de balnerario de la conciencia" en que se han instalado, aprobando la creación de la comisión de investigación.

En nombre del PNV, Pedro Azpiazu exigió que se depuren responsabilidades políticas en el Gobierno y en los órganos reguladores, e interpretó que una negativa sólo puede entenderse desde la intención del Ejecutivo de "encubrir" a los implicados y de oculta la "connovencia" con esas irregularidades.

EN CONTRA

En contra de la creación de la comisión se pronunciaron el portavoz de CC, Luis Mardones, quien no apreció por el momento indicios de responsabilidad política del Gobierno.

Para Josep Sánchez Llibre, de CiU, una comisión de investigación podría perjudicar la credibilidad de la segunda entidad financiera del país y afectar negativamente al 1,2 millones de accionistas del BBVA y a sus casi 100.000 empleados.

Por su parte, Martínez Pujalte descartó ningún tipo de implicación del Gobierno en el caso, defendió su actuación transparente y arremetió contra el PSOE, al que responsabilizó del origen de este escándalo en 1987.

Aseguró que la voluntad del PP y del Gobierno es "salvaguardar el sistema financiero" español y su independencia de los poderes públicos, postura que contrapuso a la "ideología socialista" que, según dijo, propugna "el control de la actividad privada desde el Gobierno".

Al PNV, Pujalte le recordó que en un primer mmento consideró la comisión una "frivolidad" y espetó a Azpiazu que ha habido varios casos de consejeros del BBV que fueron miembros del Gobierno vasco.

En suma, el PP defendió que las irregularidades sean investigadas y castigadas por vía judicial y que no se investigue sobre el pasado socialista porque esos asuntos ya fueron "dirimidos en las urnas" por los ciudadanos.

El portavoz popular consideró que Rodríguez Ponga ha dado las explicaciones pertinentes sobre este asunto y rechazó posibles reponsabilidasdes derivadas de la época en la que era "un trabajador de convenio" del BBV.

Pujalte anunció que su partido acatará con todo respeto las decisiones de los jueces en esta materia y pidió al PSOE que no trate de presionar a las instituciones judiciales, "por la buena salud democrática del país".