El estudio señala que España debe aprender de los errores de otras comisiones análogas que ya existen en otros países de la UE, que “operan limitadas por presupuestos insuficientes y un marco legal débil”.

Según los autores, la eficacia de este tipo de organismos depende “del compromiso y apoyo de los gobiernos, proporcionándoles acceso a todos los datos necesarios para respaldar sus análisis y recomendaciones, y capacidad para impulsar políticas y evaluar resultados”. “Dada la importancia de la mejora de la productividad para España, estaría justificado otorgarle a la comisión un mandato amplio de elaboración, difusión y presentación de informes, tanto en contenidos como en destinatarios”, señalan.

BBVA e IVIE creen que también será importante su composición, y abogan por una combinación de académicos, expertos, exfuncionarios gubernamentales y cierta participación empresarial, “y sería particularmente importante contar con una presidencia de alto perfil”.

En cuanto a sus líneas preferentes de actuación, el informe sostiene que para combatir la “débil posición” de España en productividad, la futura comisión debería contemplar actuaciones contra los bajos niveles de esfuerzo inversor, situado un 17,3% por debajo de la media europea, en particular en los activos más productivos, como los intangibles.

Además, debería centrarse en plantear iniciativas para reducir las brechas en habilidades de los trabajadores, incluidas las digitales, así como a potenciar las tecnologías digitales en las empresas, y a buscar fórmulas para reducir las diferencias de productividad entre empresas líderes y rezagadas.

"AUTONOMÍA FUNCIONAL"

El proceso de creación del Consejo de la Productividad lo anunciaron el pasado jueves los ministerios de Trabajo y Economía con la apertura de consulta pública del borrador de decreto para la constitución del organismo.

En un comunicado, el departamento de Trabajo y Economía Social explicó que la creación del Consejo busca dará respuesta a la recomendación del Consejo de la Unión Europea para que los Estados miembros cuenten con un organismo que se encargara de forma específica de analizar la evolución y las políticas en el ámbito de la productividad y la competitividad, con el objetivo de fomentar la aplicación de reformas que inciden en su mejora y de forma adicional en un mayor crecimiento económico.

El Consejo de la Productividad tendrá entre sus funciones la elaboración de análisis económicos y estadísticos y la emisión de opiniones públicas orientados a la evaluación y diagnóstico de la productividad y la competitividad de la economía española y su reparto, así como de las políticas públicas con impacto en estos ámbitos.

El Gobierno se compromete a que el consejo tenga "autonomía funcional" y el nombramiento de sus miembros se hará en base a criterios de experiencia y competencia. Estará compuesto por un presidente, un vicepresidente y quince vocales, su composición será paritaria y la duración del mandato de todos sus miembros será de cinco años, sin posibilidad de prórroga.

La presidencia será nombrada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa y la vicepresidencia por la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social y ambos deberán ser personas de reconocida competencia en asuntos económicos. Formarán parte del consejo los vocales nombrados por las personas titulares de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades; de Transformación Digital y de la Función Pública; de Hacienda, así como del Banco de España y del Consejo Económico y Social.

Las personas que ocupen la presidencia y la vicepresidencia designarán, con la aprobación del consejo, a cinco vocales independientes que deberán ser economistas de reconocido prestigio académico. Participarán en el consejo con voz, pero sin voto, dos personas a propuesta de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal y dos personas a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas a nivel estatal, además del secretario.