Batet argumentó su decisión en que “al Congreso no se le ha comunicado formalmente ni la interposición de recurso ni decisión tomada por el Tribunal Constitucional al respeto”, por lo que “no hay razón y no hay obstáculo para continuar con el proceso legislativo previsto”.

Las palabras de Batet responden a las peticiones de PP, Vox y Cs que, al iniciarse el Pleno para aprobar la proposición de ley que entre otras cuestiones reforma el Código Penal, demandaron que se pospusiera el debate hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre los recursos presentados por PP y Vox para frenar esta votación.

Los portavoces parlamentarios de PP, Vox y CS tomaron la palabra nada más abrirse la sesión para pedir su paralización después de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional de aplazar el debate sobre los recursos urgentes de la reforma del Código Penal hasta el próximo lunes.

En dichos recursos, estos partidos pedían la adopción de medidas cautelarísimas para paralizar la aprobación de una reforma del Poder Judicial en el Congreso.

Tras la decisión de Batet de continuar con el Pleno “en defensa de la autonomía parlamentaria y de la potestad legislativa de esta Cámara y en defensa del procedimiento y el debate que no responde más que a una democracia deliberativa”, los diputados de Vox decidieron salir del Hemiciclo para no para no participar en el debate.

PLENO

La celebración este jueves del Pleno del Congreso para aprobar la proposición de Ley impulsada por los partidos del Gobierno estuvo a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, reunido de urgencia, para deliberar sobre el recurso del PP de paralizar su votación en el Parlamento.

No obstante, el TC optó por suspender hasta el lunes la deliberación. Por ello, pasadas las 15.20 horas, Batet abrió la sesión parlamentaria con normalidad, hasta que el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, pidió la palabra.

Recordó que Vox y el PP presentaron un recurso al TC al entender que las enmiendas 61 y 62 incorporadas al texto de la proposición de ley implican una “reforma espuria de lo dispuesto en el artículo 159.3 de la Constitución”, por lo que pidió a Batet que suspenda este Pleno hasta que el Constitucional decida sobre las medidas cautelarísimas solicitadas.

Acto seguido, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pidió la palabra por una “cuestión de orden” para denunciar “diferentes irregularidades” que se están produciendo en el Pleno de hoy, en el que se pretende aprobar modificaciones de tres leyes orgánicas mediante iniciativas “que no son proyectos de ley”, que “no tienen los informes preceptivos” de los órganos consultivos, y que se hace “con trámite de urgencia”.

Instó a Batet a que suspenda el Pleno porque “ni siquiera” la Mesa del Congreso ha resuelto un escrito de reconsideración presentado ayer por Ciudadanos. “Lo mínimo que podría hacer como presidenta del Congreso es que reúna la Mesa, resuelva el escrito y en cualquier caso que no se celebre este Pleno hasta que no resuelvan los recursos que están en el Tribunal Constitucional”, añadió.

“Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en 2017, señora Batet, no permita esto”, añadió, haciendo alusión a la petición que hizo a la expresidenta del Parlamento catalán como diputada de esta institución en uno de los momentos del desafío soberanista en Cataluña. Palabras a las que Batet, después quiso obviar para “no hacer de esto una cuestión personal”.

Tras Arrimadas, hizo lo propio la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en virtud del artículo 72 del Reglamento para quejarse de una afectación “grave” a los “derechos fundamentales de los diputados”, ya que “se pretende aprobar a través de esa proposición de ley reformas en tres leyes orgánicas, algunas de ellas a través única y exclusivamente de una enmienda de adición”.

Gamarra recordó que su grupo ha venido pidiendo amparo durante toda esta tramitación, y reprochó que hasta el momento ni tan siquiera se ha resuelto internamente, esto es, por la Mesa de la Cámara, dicha demanda. En esta tesitura, remarcó que no debería iniciarse un debate y una votación en Pleno cuando los trámites “previos” todavía han de “resolverse” en una cuestión que “afecta a los derechos fundamentales de los diputados”.

Después de estas intervenciones, Batet confirmó que el Congreso no había recibido oficialmente nada del TC y procedió a iniciar el debate parlamentario, lo que derivó en aplausos de las bancadas de la izquierda mientras Arrimadas se dirigía a la tribuna para defender su oposición al texto impulsado por el PSOE y Unidas Podemos.

Durante todo este debate previo, en la bancada del Gobierno sólo estaban la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.