En una rueda de prensa en el Cogreso de los Diputados, después de responder en la sesión de control a una pregunta del portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, sobre esta cuestión, el ministro recalcó que el Ejecutivo vasco se ha convertido en "patrocinador de Batasuna, se ha convertido en su abogad defensor, y ahora quiere convertirse también en su tesorero".

A su juicio, el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la Ley de Partidos que permitió la ilegalización de Batasuna y la sentencia del Tribunal Constitucional que la ratificó no tiene "ningún fundamento jurídico", por lo que opinó que el Ejecutivo vasco no lo habría presentado "si hiciera caso a sus servicios jurídicos".

Por ello, opinó que el Tribunal "va a defender los derechos humanos", que en España "se defiendencombatiendo a ETA", y esto es precisamente, recalcó, lo que se hace la Ley de Partidos, al impedir la presencia de "los terroristas y sus amigos" en las instituciones y al lograr que el Estado de derecho haya ido "ganando terreno" a los terroristas "a pesar del PNV y a pesar del Gobierno vasco".

Además, deploró que el PNV permita que "con nuestros impuestos financiemos a los que nos asesinan" a través de las subvenciones al grupo parlamentario heredero de Batasuna, Sozialista Abertzaleak, algo que no ucede, dijo, en "ningún país democrático".

Lamentó que "un partido comunista y un partido democristiano hacen pinza contra el Estado de derecho, contra nuestra justicia y contra nuestra democracia para seguir amparando la presencia de ETA en las instituciones democráticas, para seguir haciendo que con nuestros impuestos se financie a ETA".