Se da la circunstancia de que las tres formaciones ilegalizadas por el Supremo han ido cambiando de nombre en los últimos meses en las instituciones, de manera en que todas ellas los grupos han pasado a denominarse Socialistas Abertzales.

A este respecto, el fiscal solicita al Supremo que remita una orden a los presidentes del Parlamento, del Gobierno y de las Diputaciones, así como a alcalde presidentes de los ayuntamientos y demás órganos forales del País Vasco y Navarra. Además, insta a que se cancele la página en Internet de Batasuna, cuya dirección es www.batasuna.org.

Asimismo, el Ministerio Público también reclama que sean designados los tres liquidadores que prevé la Ley de Partidos para que "investiguen y faciliten relación de bienes y derechos de las demandadas, así como de las Herriko Tabernas y sedes de las mismas, cuya inmedidata y definitva clausura igualmente interesa para oder llevar a cabo tal proceso".

Fue el pasado 17 de marzo cuando la Sala Especial del Tribunal Supremo acordó por unanimidad ilegalizar la formación política Batasuna, tal y como habían solicitado en sendas demandas el Ministerio de Justicia y la Fiscalía.

El proceso para ilegalizar a Batasuna se inició el 26 de agosto del pasado año, cuando el Congreso de los Diputados, a petición de PP y PSOE, instó al Gobierno a presentar una demanda de ilegalización de Batasuna, uno de los instrumentos conteplados en la Ley de Partidos Políticos para actuar contra una fuerza política que incumple la legislación.

Tras esta iniciativa parlamentaria, el Ejecutivo aprobó el 30 de agosto la presentación de una demanda contra Batasuna, iniciativa que fue admitida a trámite por el Supremo el 14 de septiembre. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado decidió presentar su propia demanda, que también fue admitida a trámite.