Pedro Cerracín, abogado de la AVT, informó a Servimedia de que esto podría ser así porque, si bien las cuentas corrientes de Batasuna serán controladas directamente por el Estado, los inmuebles, como sedes y "herriko tabernas", deben ser sacados a subasta.

Este letrado explicó que debido a la presión que la banda terrorista ETA y su entorno ejercen en el País Vasco, es difícil que ningún ciudadano o empresa se ariesgue a adquirir un bien que pertenecía a la coalición "abertzale".

La AVT ya realizó este llamamiento el pasado mes de enero al referirse a los cambios relageles impulsados por el Gobierno y que permitirán incautar los bienes de los etarras para indemnizar a sus víctimas, algo que las víctimas entienden debe ser acompañado por una reforma del sistema de subastas.

El propio Cerracín dijo entonces que su asociación tiene constancia de que, hasta ahora, las pocas propiedades que han sido embargads a etarras para afrontar la responsabilidad civil han terminado en manos del entorno de la banda criminal, ya que ningún ciudadano se ha atrevido a pujar, por ejemplo, por la casa de un terrorista.

A su juicio, esta situación es la que podría darse tras la entrada en vigor del anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 3 de enero, que daba a Hacienda amplias facultades para investigar el patrimonio de los etarras e indemnizar con el mismo a las víctimas.