Al entregar sus alegaciones ate el Supremo, el abogado del Estado que ha llevado el caso manfiestó a los periodistas que en sus alegaciones ha añadido dos nuevos motivos para ilegalizar Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna.

El primero de ellos se refiere al atentado perpetrado por ETA el pasado 8 de febrero en Andoain y que acabó con la vida del jefe de la Policía Municipal de esta localidad y militante del PSOE y de la plataforma "¡Basta Ya!", Joseba Pagazaurtundua.

"Todos hemos podido contemplar las imágenes televsadas del pleno del Ayuntamiento la propia tarde del atentado, en el que los concejales del 'entramado batasuna', entre ellos el alcalde, se abstienen en la votación de la moción de condena del asesinato", dice el abogado del Estado.

Tras señalar que sólo uno de ellos condenó el atentado, el abogado del Estado agrega que "el silencio, la abstención y la falta de condena de estos hechos criminales constituyen un motivo más de ilegalización" previsto en la denominada Ley de Partidos.

El segundo de os motivos se basa en el acta notarial levantada en Bilbao el 16 de diciembre de 2002 "para dejar constancia de las manifestaciones y testimonios de los integrantes de diversas organizaciones cívicas y sociales del País Vasco, representantes de una gran mayoría de las víctimas del terorirsmo, que denuncian y testifican abiertamente sobre la forma en que el 'entramado Batasuna' da alas a los postulados etarras".

El representante de la Abogacía del Estado señala que se trata de personas y colectivos que"sufren a diario en su vida la actividad terrorista y las de que aquellos que comparten los objetivos y los fines del terrorismo".

CONTROLADA POR ETA

Además, la Abogacía del Estado sostiene que Batasuna es un entramado político creado por la banda terrorista ETA, "sometido a su dirección y control", que "ha venido realizando una labor de complemento y apoyo de la banda terrorista, vulnerando las libertades y derechos fundamentales o justificando y exculpando los atentados realizados por aquellos". El mencionado entramado también realiza dicha labor "fomentando, propiciando o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer imposible la democracia y el pluralismo, y realizando una labor política complementaria de la que la banda lleva a cabo mediante la violencia, para conseguir los objetivos de ésta".

Por su parte, la Fiscalía General del Estado considera que Batasuna sirve a los fines de ETA y prueba de ello es que nunca ha expulsado ni expedientao a nadie de sus filas por no haber condenado el terrorismo.

En este sentido, recuerda que el artículo 9.3c de la Ley de Partidos señala como supuesto de ilegalización "mantener un amplio número de sus afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas con un grupo terrorista o violento, salvo que se hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión".

Además, establece como motivo de ilegalización de un partido "incluir regularmente en sus órganos diretivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas".

NI UNA MEDIDA

La Fiscalía General del Estado insiste en afirmar que "desde luego, ninguna medida disciplinaria se ha acreditado haber adoptado tendente a la expulsión de Arnaldo Otegui ni de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, que tampoco han rechazo públicamente los fines y medios terroristas".

Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, fue condeado en 1989 a seis años de cárcel por su implicación en el secuestro del empresario Luis Abaitúa.

Por su parte, el parlamentario vasco Urrutikoetxea Bengoetxea ya fue condenado en Francia a 10 años de cárcel por el denominado "caso Sokoa". Además, está imputado por su presunta participación en el atentado perpetrado en 1987 contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, en el que murieron once personas, cinco de ellas niños.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado considera que Batasunacontribuye a crear el clima de hostigamiento y terror que ETA quiere sembrar en la sociedad, como lo demuestran los testimonios prestados ante el Supremo por los alcaldes de Lasarte (Guipúzcoa) y de Vitoria, Ana Urchueguía y Alfonso Alonso, respectivamente.

El Ministerio Público considera que la declaración de Ana Urchueguía "puso de manifiesto la admirable entereza de una mujer, convencida del servicio que en un clima de violencia, de terror, creado y mantenido por ETA y sus colaboradores, presta a l comunidad".

Asismismo, destaca las palabras del alcalde de Vitoria, quien en su comparecencia ante los 16 magistrados de la Sala Especial del Tribunal Supremo llegó a decir que"ETA y Batasuna son lo mismo" y que "todo el mundo lo sabe en el País Vasco, hasta los niños de pecho".

EL INICIO

Este caso comenzó el pasado 3 de septiembre, cuando la Fiscalía General del Estado y el Gobierno presentaron ante el Tribunal Supremo sus respectivas demandas de ilegalización de Batasuna, amparándose en larecientemente aprobada Ley de Partidos.

Ambas demandas fueron admitidas a trámite por la Sala Especial del Alto Tribunal, por considerar que se cumplían los requisitos previstos en la citada ley. Posteriormente, los magistrados decidieron unificar ambas causas, al estimar que tanto el Gobierno como la Fiscalía General del Estado solicitaban exactamente lo mismo.