El ministro de Justicia, José María Michavila, presentó en rueda de prensa a documentación probatoria que el Ejecutivo ha adjuntado a su demanda de ilegalización, compuesta por 26 carpetas, que contienen más 10.000 folios, 100 fotografías de las fachadas de los citados consistorios gobernados por Batasuna y 194 expedientes personales, entre otros documentos.

Michavila explicó que la demanda se centra en tres aspectos que considera probados: que el "entramado Batasuna" es una "prolongación" de la banda terrorista ETA, que Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna son el msmo partido, en el que sólo cambia el nombre y el relato de las acciones y conductas que vulneran la Ley de Partidos desde que entró en vigor el 29 de julio de 2002.

"Son numerosísimos los hechos que demuestran que Batasuna es la prolongación del terrorismo de ETA en las instituciones políticas y que pone a su servicio las listas electorales, la financiación que recibe de nuestros impuestos, las sedes políticas, el censo electoral, los ayuntamientos donde gobierna y los espacios gratuitos" de propagana política, afirmó el ministro.

La documentación, dividida en dossieres, acredita, a juicio del Gobierno, cómo HB, EH y Batasuna son la misma formación política; que hay numerosas personas condenadas por delitos de terrorismo que tienen cargos en Batasuna; que esta formación se ha reivindicado siempre a sí misma como parte de una organización cuya punta de lanza es ETA; cómo la propia ETA pide el voto y el apoyo para Batasuna; y cómo Batasuna ha sido un instrumento al servicio de ETA en el exterior.PRUEBAS

Las pruebas aportadas son cintas de vídeo, de audio, información en formato digital, actas notariales de presencia y de certificación de contenidos de páginas web, informes de distintas entidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atestados policiales, sentencias penales por razón de terrorismo, certificaciones de proclamación de candidatos y acreditativas de cargos electos y copias de reiteradas manifestaciones en prensa.

Los 194 expedientes personales se refieren a cargos concejales, alcaldes, diputados o candidatos que, teniendo antecedentes penales por terrorismo, son miembros de Batasuna. Además, se adjuntan 75 declaraciones en las que Batasuna reconoce, pide o colabora con ETA públicamente, explicó Michavila.

Entre ellos, se encuentran los casos de cinco de los siete diputados de Batasuna en el Parlamento vasco, condenados por terrorismo y ninguno de los cuales "ha rechazado públicamente los fines o los medios de ETA".

En cuanto a los municipios en los que seapoya a ETA, la documentación incluye 100 fotos de 32 fachadas de ayuntamientos en los que se exalta a los terroristas, los monumentos erigidos en favor de terroristas de ETA o los símbolos de la banda terrorista puestos como nombre a calles de estas poblaciones.

MEDIDAS CAUTELARES

Asimismo, Michavila aseguró que se acreditan "varias decenas" de hechos acaecidos en los dos meses desde que entró en vigor la Ley de Partidos. "Batasuna ha reiterado convocatorias públicas, declaraciones, manifestaciones agresiones a ediles, a alcaldes suficientemente sólidas como para plantear esta demanda", dijo.

El ministro indicó que el Ejecutivo no ha solicitado ninguna medida cautelar sobre Batasuna, ya que la única prevista, la suspensión de sus actividades, ya se ha otorgado a raíz de las actuaciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Para el ministro, pedir la suspensión sería una "redundancia inútil", pero agregó que, "si por cualquier razón la medida de Garzón "pudiera decaer", el Ejectivo estaría abierto a volver a reclamarla inmediatamente.