La primera fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una entrevista en esRadio recogida por Servimedia, anunció que el Gobierno regional presentará “ya mismo” un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. “Los presidentes autonómicos, bajo la iniciativa de Núñez Feijóo, vamos a dar esta batalla”, anunció antes de que se aprobase.

El siguiente fue el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, quien acusó a Sánchez de romper “el principio de igualdad” y vender “el interés general de nuestro país por siete votos para mantenerse en la Moncloa”. “Es un despropósito. El Gobierno de Andalucía presentará un recurso de inconstitucionalidad para intentar frenar este desafío”, anunció en sus redes sociales.

A Ayuso y Moreno les siguieron los dirigentes de la Región de Murcia y de Castilla y León, Fernando López Miras y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, quienes hablaron de “día negro” y “atropello contra la Constitución”. También los presidentes de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; Aragón, Jorge Azcón; y Cantabria, María José Saénz de Buruaga. Todos ellos anunciaron que presentarán su recurso de inconstitucionalidad lo antes posible.

Asimismo, los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; Baleares, Marga Prohens; y Extremadura, María Guardiola, dejaron caer que seguirán el mismo camino y seguirán "defendiendo la convivencia, la igualdad y los valores de nuestra Constitución”.

Este paso se podrá dar una vez que la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que podría demorarse hasta 15 días.

RECURSO DEL PP, SIN FECHA

La incógnita ahora es cuando dará el paso el PP. Desde Génova aseguran que aún no han decidido cuándo presentarán su recurso de inconstitucionalidad –tienen hasta tres meses desde la publicación de la ley–, pero sí que será paralelo a los que puedan presentar sus ejecutivos autonómicos, según admiten fuentes populares.

En Génova, de hecho, han reiterado que no tienen “extrema” confianza en que los recursos prosperen ante el Tribunal Constitucional después de los últimos nombramientos del Gobierno, entre ellos, el de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia de Pedro Sánchez. Su esperanza reside así en las cuestiones prejudiciales que los jueces puedan plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).