UGT y la Asociación de Accionistas de Banesto presentaron una querella contra estas firmas auditora por entende que su actuación contribuyó de manera "culposa y muy probablemente dolosa" a proceder a engaños y fraudes de la magnitud de los realizados por el ex presidente de Banesto, Mario Conde.

Las auditorías exhibidas por los directivos del banco alentaron la compra de acciones por parte de los empleados de la entidad por valor de 35.000 millones de pesetas, que no conocieron en ningún momento el agujero patrimonial de Banesto.

La querella, que también se amplió a Athur Andersen encargada de auditar la orporación Industrial entre 1990 y 1993, fue admitida a trámite a mediados del pasado mes de febrero por la Audiencia Nacional que emitió un auto en el que considera "sorprendente que en la auditoría practicada a Banesto no se detecten las irregularidades que luego puso de relieve la labor inspectora del Banco de España".

Tras conocer este auto, UGT a través de su abogado Manuel Murillo, pidió que la querella entrara en turno de reparto de la Audiencia Nacional. El Juzgado Decano lo envió al juez Manul García Castellón, por entender que él conocía los antecedentes del caso. Sin embargo, García Castellón lo devolvió solicitando que el asunto se repartiera con arreglo al turno establecido en este órgano judicial, de manera que pasaba a corresponderle al juez Moreiras.

Finalmente la querella ha sido admitida a trámite de conformidad con le informe del fiscal por Miguel Moreiras que investigará a partir de ahora la actuación de ambas auditoras.