Como bien recoge el calendario del contribuyente –en línea con lo establecido en el Boletín Oficial del Estado (BOE)–, las compañías energéticas deberán presentar el modelo 796 antes del 20 febrero, la misma fecha que tiene la banca para rellenar y entregar el modelo 798, siempre y cuando cumplan todas las condiciones para tener que pagar estos impuestos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilará que estos sectores cumplan con estas nuevas obligaciones tributarias. De no hacerlo, cometerán una infracción “muy grave” que se traducirá en una multa económica del 150% sobre el importe repercutido.

Cabe recordar que todas las entidades financieras que cerrasen 2019 con más de 800 millones de euros como resultado de sumar su margen de intereses (intereses cobrados menos pagados) y sus comisiones netas (cobradas menos pagadas) deberán pagar el 4,8% de los ingresos satisfechos por ese concepto.

En el caso de las energéticas, tendrán la obligación de pagar el nuevo tributo aquellas compañías que registrasen una cifra de negocio por encima de los 1.000 millones de euros en 2019 y ese concepto se gravará con un 1,2%.

50% DEL IMPORTE

Las entidades obligadas deberán ingresar entre el 1 y el 20 de febrero un pago anticipado de estos gravámenes cuyo importe será del 50% sobre la prestación que se debe abonar en el conjunto del año. Por otro lado, la autoliquidación o importe restante se desembolsará entre el 1 y el 20 de septiembre.

En un hipotético escenario en el que alguna de las compañías declarantes desconociese de forma definitiva el importe neto de la cifra de negocio correspondiente al año natural anterior, la Agencia Tributaria aceptará “de forma provisional” una cifra que se calcule en base a un método de cálculo “fehaciente”.

Para que Hacienda dé el visto bueno a ese método, deberá ser una “estimación resultante de las cuentas debidamente formuladas o, en su defecto, la estimación que derive de los trabajos de auditoría de cuentas a efectos de la elaboración y formulación de cuentas”.

Con estos impuestos, el Gobierno estima una recaudación anual de 3.500 millones de euros: 2.000 millones procedentes de las energéticas y 1.500 millones de la banca.

BATALLA JUDICIAL

Bankinter ha sido la primera compañía en afirmar con claridad que recurrirá el impuesto "al día siguiente" de pagarlo al considerar que es "injusto, arbitrario, confiscatorio", en palabras de su consejera delegada, María Dolores Dancausa. La cifra de impacto para esta entidad oscila entre 80 y 100 millones en cada ejercicio de aplicación, lo que le supone alrededor del 15% del beneficio neto de 2022, según indicó Dancausa la pasada semana con motivo de la presentación de resultados anuales de 2022 del banco, que además superaron las cifras prepandemia.

Por su parte, desde el Banco Sabadell, que también han dado a conocer sus beneficios anuales y supera los previos a la pandemia, han cifrado el impacto en 170 millones para este año y una cuantía algo superior para 2024, sin descartar que acudan a los tribunales.

El resto de los grandes bancos presentará sus resultados la próxima semana. CaixaBank ha estimado el coste del gravamen entre 400 y 450 millones en 2023, BBVA lo ha situado en unos 250 millones el primer año de aplicación, y desde el Santander se calculó un impacto global en la capacidad para prestar de 50.000 millones.