Según el informe, "los inmuebles serán los activos peor tratados, ya que su revalorización real ha sido mayor generalmente que la recogida por el proyecto".

Como consecuencia de esta falta de interés, estas entidades "seguirán realizando atípicos para captar tesorería y actualizar el valor de su patrimonio a precios de mercado, asumiendo el pag del Impuesto de Sociedades".

El informe reconoce que el decreto de actualización de balances es positivo, porque mejora una situación a la que los gobiernos socialistas se habían resistido a dar respuesta "alegando que la medida supondría un coste del orden de 500.000 millones de pesetas para las arcas del Estado".

Sin embargo, considera que "se queda a medio camino de las demandas empresariales", porque se ha escogido un criterio conservador para la actualización, al hacerse en base al Indice d Precios Industriales, 27 puntos inferior al IPC general.

Según los cálculos que figuran en el informe, el máximo porcentaje de revalorización al que se puede llegar es el 81%, de acuerdo con los coeficientes de actualizaciuón establecidos a partir del Indice de Precios Industriales.