En un escrito, la Fiscalía asegura que la juez interpreta "de forma equivocada" el delito de la falsedad documental y recuerda que en este delito debe existir una mnipulación de los documentos, lo que no ha existido en este caso.

El fiscal insiste en que tales falsedades no tienen cabida en este caso, puesto que no se ha llegado a determinar si los directivos del Banco de Santander ordenaron las falsedades en la titularidad de los depósitos.

Reconoce que, al inicio de las actuaciones, "una apreciación general permitió ver cómo las falsedades de las titularidades de los depósitos estaban repartidas a lo largo y ancho del territorio español (...), pero de ahíno cabe dilucidar que las falsedades citadas fueran ideadas e incluso confeccionadas por personas determinadas e identificadas de la dirección del Banco de Santander".