El Banco Mundial mide el buen gobierno con seis indicadores: control de la corrupción, imperio de la ley, responsabilidad de los poderes públicos (mediante elecciones y el respeto a las libertades de expresión o asociación), estabilidad política y ausencia de violencia, eficacia gubernamental, y calidad de las normas regulatorias (de manera que el sector privado pueda desarrollarse sabiendo a qué atenerse).

En el apartado de la corrupción, un análisis más exigente, que incluya sólo a las 20 economías más importantes de la OCDE, deja a España en un puesto menos lucido, sólo por delante de Japón, Portugal, Italia y Grecia, y por detrás de Finlandia (el país más integro), Nueva Zelanda, Dinamarca, Suiza, Suecia, Noruega, Austria, Holanda, Australia, Reino Unido, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Bélgica y Francia.

La corrupción, que el Banco Mundial define como el uso del poder público en beneficio privado y como la "captura" del estado por intereses particulares, se cobra un alto precio cada año.

Según la última estimación realizada por el propio Banco Mundial en 2004, anualmente se pagan 1 billón de dólares en sobornos (la magnitud de la economía mundial es de 30 billones). Y esta cifra no incluye los desfalcos realizados por mandatarios corruptos (se estima, por ejemplo, que el filipino Ferdinand Marcos y el antiguo dictador de Zaire Mobutu Sese Seko se apropiaron de 5.000 millones de dólares cada uno). MAS ESTABLE QUE EEUU

En el análisis de la entidad que actualmente preside el ex halcón de la Administración estadounidense Paul Wolfowitz, España se sitúa entre el 15% de paises más aplicados en otros cuatro indicadores de buen gobierno: imperio de la ley, eficiencia gubernamental y del funcionariado, calidad de los marcos regulatorios y responsabilidad del poder público.

A un nivel inferior cae España, a nivel mundial, en lo que se refiere a estabilidad política y ausencia de violencia (lo que incluye la de naturaleza terrorista). Pese a ello, en este apartado se coloca, dentro de los 20 países más importantes de la OCDE, por encima de Estados Unidos (presumiblemente por la situación creada tras el 11-S), así como de Italia, Francia, Reino Unido y Grecia.

El informe del Banco Mundial compara la evolución de los países en el periodo 1996-2005. En ese lapso de tiempo, España mejoró su posición relativa en el nivel de responsabilidad de los poderes públicos y en la calidad de los marcos regulatorios, mientras que empeoró en estabilidad política y violencia (acusando presumiblemente el impacto del 11-M), en imperio de la ley y en eficacia gubernamental.

El estudio también deja claro que la corrupción administrativa, aún siendo menor en los países ricos, alcanzatambién entre ellos niveles apreciables. Más del 15% de las empresas de estados de la OCDE sostienen que se pagan sobornos para conseguir contratos con la Administración, por un importe que se acerca al 4% de lo contratado.

Los autores del informe aseguran que este trabajo ha sido elaborado con 31 fuentes de información procedentes de 25 organizaciones de todo el mundo, entre las que figuran el World Economic Forum, el Departamento de Estado, Amnistía Internacional, la Universidad de Columbia, Gallup Internacional, Reporteros Sin Fronteras o el propio Banco Mundial.