El acontecimiento conservacionista más importante de las últimas dos décadas, la Conferencia de Nacione Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, aumentó en 1992 la sensibilidad ecologista de la población mundial, pero no sirvió para frenar la degradación ambiental que sufre el planeta y demostró que las autoridades de los países industrializados, España entre ellos, no están dispuestos a situar el medio ambiente entre sus prioridades a corto plazo.

La denominada "cumbre" para la Tierra, que concentró en Río de Janeiro el interés internacional por la problema medioambiental, confirmó que los enfretamientos y las diferencias entre el norte y el sur constituyen el principal obstáculo para la resolución de los problemas ambientales, y reveló que los países pobres piden más dinero del que están dispuestos a ofrecer los ricos para conseguir el tan deseado "desarrollo sostenible".

La postura que mantuvieron las autoridades españolas antes y después de Río estuvo marcada por la ambigüedad. Mientras en el territorio nacional destacaban e insistían en lo progresista de sus postulados, en Bruselas obstrían la aprobación de un impuesto que gravara la producción de energía procedente de combustibles fósiles y en Brasil se negaban a destinar el 0,7 por ciento de nuestro producto interior bruto a ayudas al desarrollo de los más pobres.

La presencia de Felipe González y más de un centenar de jefes de Estado en la "cumbre" de Río de Janeiro logró que de allí surgiera una declaración de principios, un ambicioso, pero poco vinculante, plan de acción para el siglo XXI; un convenio marco sobre cambio climátic que no dispone fechas para acabar con los gases de efecto invernadero; un convenio relacionado con la diversidad biológica, que no fue aceptado por el país que cuenta con más industrias biotecnológicas, EE.UU., y una declaración sobre bosques.

Sin embargo, los problemas medioambientales de ámbito planetario siguen sin ser los más preocupantes para las autoridades españolas. La escasez y falta de calidad de nuestro agua, la erosión y la desertificación, que afecta al 54 por ciento del territorio españl, y la gestión de los residuos constituyen los principales agobios de la Administración central.

El Plan Hidrológico Nacional intentará a partir de 1993 acabar con el importante déficit de agua que sufren numerosas zonas del país, agravado por un descenso de la pluviometría de un 10 por ciento durante los últimos 10 años y un aumento de la demanda del 15 por ciento en el mismo periodo de tiempo.

No obstante, la ejecución del plan diseñado por el Ejecutivo puede provocar un enfrentamiento entre ls regiones más favorecidas por las lluvias y las que menos, y requerirá una importante inversión económica, que sólo en la creación de nuevas infraestructuras para la depuración ascenderá a 1,5 billones.

Respecto a la erosión, los incendios forestales han contribuido menos que otros años a agravar ese fenómeno. En 1992, los medios dispuestos por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Icona) y las lluvias de junio, entre otros posibles factores, provocaron que las casi 250.000 hecáreas quemadas en 1991 se redujeran a unas 100.000, si bien esas cifras quedan ensombrecidas con la muerte de 14 personas como consecuencia, directa o indirecta, de esos siniestros.

RESIDUOS: LA ASIGNATURA PENDIENTE

Por el contrario, los residuos y su gestión fueron este año la "asignatura pendiente" de la Administración. Incluso el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, reconoció deficiencias importantes en el Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos a su tercer año de aplicaión.

El Gobierno estima que de 1,8 millones de residuos tóxicos que produce España anualmente, un 88 por ciento no reciben un tratamiento adecuado, al tiempo que lamenta que sólo 3.000 empresas, de las 30.000 registradas como generadoras de esos desechos, informen a las autoridades de las actividades que realizan.

El Ejecutivo ha basado su estrategia en la instalación de incineradoras -cuatro al menos- para tratar los residuos tóxicos, pero la oposición vecinal y ecologista ha impedido poner en mrcha siquiera una. El propio Gobierno socialista de Castilla-La Mancha encabezó la oposición a la construcción de una planta en Almadén (Ciudad Real).

Tampoco las industrias españolas, en general, han avanzado un camino importante para afrontar con garantías la dura competencia exterior y adaptarse a la normativa comunitaria, para lo cual deberán invertir, según el Ministerio de Economía y Hacienda, 1,8 billones de pesetas.

La situación del mar sigue sin experimentar mejoría alguna y si analizamo los estudios elaborados por organizaciones no gubernamentales, podemos concluir que el accidente del buque griego "Mar Egeo" frente a la costa coruñesa cuando transportaba casi 80.000 toneladas de petróleo, es poco más que una anécdota que nos afecta muy de cerca y de modo espectacular.

Según esos informes, los vertidos de petróleo al Mediterráneo superan cada año las 800.000 toneladas, los de cloro rondan las 680.000, los de residuos sólidos los 100 millones de toneladas, los de mercurio las 130 tonladas y los de sustancias radiactivas más de 2.500 toneladas.

En el lado positivo habría que destacar la importante labor diplomática que desarrolló España destinada a conseguir una nueva prohibición para realizar vertidos nucleares en el Atlántico noroeste y la aprobación del V Programa Medioambiental de la CE.

Sin embargo, las previsiones a corto plazo no resultan excesivamente halagüeñas. No parece probable que el que España sea el país de la CE más denunciado por supuestos incumplimientos de a normativa comunitaria sea sólo consecuencia de las demandas formuladas por grupos ecologistas minoritarios, y tampoco resulta descabellado pensar que en las postrimerias de 1993 nuestro medio ambiente está un poco peor que en enero de 1992.

FECHAS CLAVE

- 18 de marzo: La Comisión Europea aprueba por unanimidad el V Programa de Política Medioambiental.

- 31 de marzo: El ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, reconoce deficiencias en el Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligosos.

- 5 de mayo: España bloquea la implantación de un impuesto comunitario que penalice las emisiones de C02.

- 3 de junio al 14 de junio: Celebración en Río de Janeiro (Brasil) de la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo.

- 3 de noviembre: Presentan al Consejo Nacional del Agua el Anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional.

- 5 de noviembre: La Junta de Castilla-La Mancha desautoriza la construcción de una planta de incineración de residuos tóxios en Almadén.

- 3 de diciembre: El petrolero griego "Mar Egeo" sufre un accidente ante la costa coruñesa cuando transportaba unas 80.000 toneladas de crudo y provoca una grave marea negra que afecta a varias playas del entorno.