A pesar de que las tensiones raciales se han acentuado durante este año, el Gobierno no ha modificado las medidas de inmigración que aprobó en990, basadas en una severa aplicación de la Ley de Extranjería por las autoridades policiales y dirigidas, principalmente, a convertir a España en un país infranqueable para los hambrientos hombres y mujeres del Tercer Mundo.

De igual forma, durante este año ha quedado patente que los 550.000 residentes extranjeros que ya viven en nuestro país no tienen garantizados, al menos, los mismos derechos que el resto de los ciudadanos españoles, mientras por el contrario tienen atribuidas las mismas obligacioes.

El resultado del cierre de fronteras y de la "generosa" oferta de integración social ha propiciado redes de transporte ilegal por el Estrecho de Gibraltar en rudimentarias embarcaciones, en las que han perecido casi un millar de africanos, según datos del Defensor del Pueblo Andaluz.

Además, nuestro país ha vivido la violencia racista con la muerte de la dominicana Lucrecia Pérez en la población madrileña de Aravaca a manos de una banda de enmascarados capitaneada por un guardia civil. Tambié el incidente de la quema de la vivienda de inmigrantes africanos en Granada y el apaleamiento de otros en la población oscense de Fraga.

La pregunta ¿son racistas los españoles? ha provocado la proliferación de encuestas. Una de las realizadas por un diario madrileño hace un mes revela que un 51,4 por ciento de los españoles cree que quitan los puestos de trabajo, el 21,7% que habría que expulsarles o no dejarles entrar y un 2,6% se considera muy racista. Pero, ¿estas actitudes influyeron a la hora d elaborar la política de inmigración?

Los datos sorprenden cuando se comprueba que el número de extranjeros en España, unos 550.000 residentes, es inferior al 2 por ciento de toda la población española, de los que casi la mitad proceden de países europeos, mientras el resto son principalmente sudamericanos y africanos y, en menor medida, asiáticos.

Ante este panorama de obstáculos legales y sociales con los que se encuentran los inmigrantes en nuestro país, únicamente organizaciones no gubernamenales, la mayoría vinculadas a la Iglesia -como Cáritas-, han optado por representar el papel de la solidaridad con los extranjeros pobres y exigir más generosidad al Gobierno.

El Ejecutivo, tras decidir que su tasa de solidaridad con los países del Tercer Mundo ya estaba cubierta al regularizar a unos 110.000 extranjeros en un proceso que inició en 1991, ha reaccionado "manu militari" en las fronteras y en la calle y ha limitado al máximo la concesión de primeros permisos de trabajo para asalariados imigrantes, así como a los miembros de las familias de los trabajadores que no tienen permiso de residencia.

La necesidad de tener en cuenta el alto número de parados ha sido el argumento esgrimido por la Administración para denegar los citados permisos, incluso en casos en los que se presentaban contratos muy precisos.

Sin embargo, esta actuación ha sido calificada de "arbitraria" por varias sentencias de los tribunales de justicia, al estimar que la Administración debe precisar en cada caso si ralmente hay parados españoles dispuestos a trabajar en los sectores que se ofrecen a los inmigrantes, principalmente en el terciario.

TRABAJADORES DE SEGUNDA CATEGORIA

A pesar de que el director general de Migraciones, Raimundo Aragón Bombín, anunciara que en España hay trabajo para los extranjeros, entre enero y mayo de 1991 se otorgaron a inmigrantes no comunitarios 19.296 permisos, mientras este año y para el mismo período concedió 13.419. Hay que señalar que la mayoría fueron de clase B, para aslariados con un contrato vinculado a un área geográfica concreta y de un año de duración.

Este dato es importante porque explica una de las reivindicaciones de las organizaciones y asociaciones de inmigrantes: su desprotección e indefensión ante la ley y la sociedad.

Un inmigrante de permiso B no tiene derecho a cobrar el paro y no puede registrarse en las oficinas de empleo, aunque haya cotizado a la Seguridad Social; está vinculado obligatoriamente al empresario que le contrata, lo que puede se motivo de chantaje o explotación y le impide movilizarse para acceder al mercado laboral. De derecho a cobrar pensiones no contributivas es mejor no hablar.

En cuanto al ámbito de actuación de la policía, prácticamente no se presumen la inocencia de los inmigrantes y el sólo hecho de tener antecedentes policiales, que no penales, puede suponer la expulsión del país. Es mejor, por ello, que los extranjeros no protesten.

Para aclarar la filosofía del Gobierno basta una explicación del cesado delegdo del Gobierno en Madrid, Segismundo Crespo, sobre porqué se impone el "rígido control" sobre los extranjeros, que obedece a la constatación de que muchos desean entrar en España para delinquir o residir de forma ilegal. Según la ley, ser un "indocumentado" es ser un ilegal.

Las retenciones que sufren los extranjeros en los centros de internamiento durante varios días han sido también objeto de la intervención del Defensor del Pueblo, que ha llegado a decir de algunos que "sublevan la condición human".

El Gobierno, finalmente, ha decidido modificar la ley de asilo y refugio porque estaba siendo el último resquicio que quedaba para que se colaran. Ahora es una ley más europea, más acorde con la doctrina internacional, pero que ofrece menos garantías a los propios refugiados, según organizaciones como Amnistía Internacional o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

El Gobierno esgrime con engañosa solidaridad que sólo aceptará a los inmigrantes que España pueda integrar, para que no sean ojeto de explotación, discriminación o persecución. Sin embargo, parece olvidar que estamos en una sociedad de derecho con los instrumentos suficientes para que los ciudadanos puedan defenderse de los abusos de que son víctimas. Si esos derechos se amplían a los trabajadores extranjeros, la integración, pese a los inevitables problemas que surjan, estará asegurada y la democracia pluriétnica hacia la que irremediablemente caminamos no hay duda que se consolidará.

FECHAS CLAVE

- 1 de febrero: 84 iraques solicitan en Barajas (Madrid) el estatuto de refugiado. España los devuelve a Jordania y accede a tramitar sólo nueve.

- 6 de febrero: 20 magrebíes mueren asfixiados en un pesquero que transportaba ilegalmente desde Marruecos a 250 inmigrantes. En total, se calcula que han fallecido en aguas del Estrecho de Gibraltar más de un millar de personas.

- 10 de marzo: Se conocen los primeros datos del proceso de regularización abierto en 1991, por el que se legaliza a 109.907 inmigrantes.

- 27 d junio: Vecinos de Fraga (Huesca) apalean a cinco ciudadanos magrebíes. El alcalde socialista de la localidad dimite.

- 12 de julio: 72 centroafricanos indocumentados se instalan en la franja que separa las fronteras de Marruecos con Melilla y solicitan se admitidos en España. Finalmente, son expulsados a su país.

- 13 de noviembre: Asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez de Martos en Aravaca (Madrid). El asesino resulta ser un guardia civil que iba acompañado de tres jóvenes de ideología "ultr". Madrid y Barcelonas son escenario de las manifestaciones antirracistas más numerosas.

- 11 de diciembre: El ministro de Interior defiende en el Congreso la tipificación en el nuevo Código Penal del delito de racismo, pero aconseja a los inmigrantes que no formen guetos y sugiere que las reniones de éstos en plazas públicas pueden alterar la vida ciudadana.