El informe, encargado previamente por el Consejo de Derechos Humanos, ha sido presentado ante este organismo en la antesala de la celebración de la 12ª sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento de Naciones Unidas.

El documento pone de manifiesto que “el marco internacional actual proporciona una cobertura fragmentada e incoherente de los derechos humanos de las personas mayores”, tanto en la legislación en vigor como en la práctica, que impele a “proceder sin demora a formular y aprobar un marco coherente, amplio e integrado” sobre esta cuestión.

A su vez, observa que “los derechos humanos de las personas mayores están menos protegidos y reconocidos desde el punto de vista jurídico que los de otros grupos sociales debido a la fragmentación de las normas y los procedimientos existentes y de sus limitaciones conceptuales y operacionales”.

Del mismo modo, el trabajo refleja que la pandemia “ha evidenciado y agravado la situación de vulnerabilidad de las personas mayores y la discriminación por razón de edad que existe en las sociedades y sistemas de todo el mundo”.

Bachelet considera que la irrupción del coronavirus “ha demostrado que se requiere un doble enfoque para garantizar los derechos de las personas mayores: una mejor aplicación de las normas y estándares vigentes y la formulación acelerada de un nuevo instrumento normativo.”

Por ello, afirma que la formulación de un nuevo marco normativo sobre los derechos humanos de las personas mayores “identificaría y pondría de manifiesto las necesidades específicas de las personas mayores para que puedan ejercer sus derechos y se pueda actuar frente a cualquier violación de éstos”.

Considera “necesario y urgente formular y adoptar un marco de derechos humanos coherente, amplio e integral, que refleje la diversidad y realidad de las personas mayores y del envejecimiento, alejada de los estereotipos y prejuicios que existen en las sociedades y que ponga en valor esta etapa de la vida y a las personas mayores”.

Por último, el informe plantea las siguientes recomendaciones: que los países promuevan la celebración de distintas consultas multipartitas a nivel nacional para identificar las lagunas, los retos y las prácticas más eficaces en relación con la protección de los derechos humanos de las personas mayores y que las partes interesadas participen “de manera activa y significativa” en la labor del Consejo de Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo de Composición Abierta en relación con las personas mayores.

También propone participar de manera activa en la reunión de múltiples partes interesadas que se celebrará en cumplimiento de la resolución 48/3 del Consejo de Derechos Humanos y en otras consultas con el fin de formular propuestas y recomendaciones para fortalecer los marcos jurídicos, tanto en el plano nacional como en el internacional, con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas mayores, y que los mecanismos internacionales de derechos humanos revisen sus prácticas actuales para integrar mejor en su labor los derechos humanos de las personas mayores y que subsanen aquellas situaciones que puedan surgir y que afecten de manera específica a las personas mayores, especialmente si no están reguladas por el marco internacional de derechos humanos.