Conde afirmó que "no podemos estar inventándonos conceptos nuevos cada día y reinventándonos la Constitución cada día", en relación con la iniciativa expuesta publicamente ppor eldirigente conservador gallego, un concepto que "en ningún momento", dijo, aparece reflejado en la Carta Magna.

Según Rosa Conde, la Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía dejan "clarísimo" cuál es el modelo de Estado en España (administraciones Central, autonómica y local), y no se pued obligar al Gobierno a que diariamente tome posiciones sobre cuestiones "ajenas" a lo que decidieron los españoles al aprobar la Constitución.

La ministra hizo hincapié también en que el Gobierno no tiene constancia oficial de esa propuesta, que ha conocido "a través de los medios de comunicación"; "en absoluto", añadió, "a través de una información directa, de un diálogo fluido o e una información previa a la transmitida a los medios de comunicación".

En opinión de la Portavoz, el problema de coocer las propuestas por los periódicos es que esa información "siempre puede ocasionar algún tipo de distorsión en los ciudadanos".

"Cuando la Constitución establece un modelo y todas las autonomías trabajan a partir de ese modelo desde la coordinación, me parece que estar continuamente introduciendo nuevas propuestas no contribuye al reforzamiento de la construcción del Estado de las autonomías, sino a una ralentización del mismo", concluyó.

AZNAR: "CONTRIBUCION LEAL"

Sobre esa intervención de presidente de Galicia hablaron Felipe González y José María Aznar durante la entrevista que mantuvieron hoy, y el líder del PP comentó a la salida: "Desde mi punto de vista, todo lo que signifique una contribución leal a intentar racionalizar y reducir gastos, y un mejor funcionamiento de nuestro Estado dentro del marco constitucional, son propuestas dignas".

"Por lo tanto, la propuesta de Manuel Fraga me parece digna de estudio, inteligente y leal en el marco constitucional", matizó.

El proyect de"administración única" parte del principio de que debe desaparecer la administración periférica de los ministerios que ya hayan transferidos competencias o que las vayan a delegar, según el artículo 150.2 de la Constitución.

Así, el Estado sólo se reservaría competencias como Interior, Defensa, Exteriores y Hacienda, en tanto que los gobiernos autonómicos se encargarían del resto.