Así lo anunció el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, tras el Consejo de Gobierno celebrado en la Casa de Correos en el que se abordó y se aprobó esta petición.

El consejero madrileño apeló a que la convocatoria de la conferencia de presidentes es una obligación “reglamentaria y moral” que tiene Sánchez para “reunir a las comunidades autónomas con la máxima premura y clarificar los efectos de sus compromisos con los independentistas”.

“Todas las comunidades tenemos que saber los peajes que vamos a pagar”, indicó, e insistió en que “lo que está ocurriendo es tan grave que la convocatoria tiene que ser cuanto antes”. También avanzó que esa “brevedad” es lo que la mandataria autonómica exigirá en su carta.

En ese sentido, aseguró que las autonomías necesitan “claridad, seguridad y que se garantice la igualdad de trato de todos los españoles”, así como “la igualdad ante la ley”. “Pedimos que se nos aclare en qué van a afectar los acuerdos tomados a las comunidades”, reiteró.

Por otro lado, aseguró que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid están estudiando el texto de la ley de amnistía. Sin embargo, defendió que “ahora mismo tan solo es una proposición de ley que ni siquiera está calificada por la Mesa del Congreso”. Por tanto, indicó que hasta que no se apruebe el Gobierno madrileño no podrá interponer recurso.

CINCO DÍAS DESPUÉS DE JUANMA MORENO

Preguntado por la espera del Ejecutivo regional para pedir que se convoque la conferencia de presidentes, García aseveró que "en este momento es cuando corresponde, que es cuando se está produciendo el debate de investidura" de Sánchez.

El pasado viernes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, envió una carta a Sánchez para pedirle la convocatoria "urgente" de una conferencia de presidentes "ante el riesgo de quebranto en la igualdad entre los españoles".

Según informó el PP, en su carta Moreno pide a Sánchez "que renuncie a sellar acuerdos que cuestionen, además, el papel de la Justicia y la separación de poderes". Moreno, como Ayuso, quiere analizar, junto a los demás presidentes autonómicos, los acuerdos suscritos por Sánchez para sacar adelante su investidura.

DEFENSA DE LOS MADRILEÑOS

El documento que se aprobó en el Consejo de Gobierno sostiene, además, que la sociedad madrileña “requiere en todo momento actuaciones que aseguren la defensa de sus derechos y legítimas aspiraciones”. “Resulta una obligación ética y política reclamar ese justo trato, que no puede verse comprometido por la asunción de compromisos incompatibles con el interés general, y en particular con el de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid”, añade.

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid se manifiesta de forma inequívoca en defensa de la igualdad de trato a los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan, y defiende el justo y equitativo trato que ha de esperarse por parte un Gobierno de España actuando en todo momento conforme a nuestro ordenamiento, sin violentar la imprescindible separación de poderes que rige nuestro Estado de Derecho”, destaca.