Así, los consistorios de Soto del Real, Algete, Miraflores de la Sierra, Las Rozas, Robledo de Chavela, Carabaña, Villanueva de la Cañada y Santa María de la Alameda, en Madrid, y los de Lardero, Huércanos y Nalda, en La Rioja, han incumplido el deber legal de responder a las demandas deinformación solicitadas por el Defensor.

Otros ayuntamientos que han incumplido con este deber son Daimuz (Valencia), Mojácar (Almería), Villafranca del Bierzo (León), Vilagrasa (Lleida), Aforados de Moneo y Junta Vecinal de Vivar del Cid (Burgos), Andosilla y Larraga (Navarra), Estepona y Alora (Málaga), Alaejos (Valladolid), Muro (Baleares), Torre Pacheco (Murcia), Noja (Cantabria) y Escornalbou (Tarragona).

La mayoría de los incumplimientos a los requerimientos del Defensor del Pueblo se refieen a temas relacionados con los planes de urbanismo, actividades molestas, agua y basura.

El Defensor del Pueblo ha recordado a estos ayuntamientos que en el apartado 2 del artículo 502 del vigente Código Penal se establece que quienes obstaculicen, nieguen o dilaten, indebidamente, el envío de los informes solicatados por esta institución pueden incurrir en un delito de desobediencia que, en su caso, daría lugar a penas de suspensión de empleo o cargo público de seis a dos años.