Los acuerdos se centran fundamentalmente en dos puntos: el realojamiento de los gitanos ubicados en el barrio zaragozano de Montemolín y el de los que viven en el antiguo colegio Calixto Ariño, también de la capital aragonesa.

En Montemolín vive una comunidad de casi cien personas que sobreviven en condiciones infrahumanas. Sus casas son frágiles habitáculos, construidos con n amplio muestrario de materiales de desecho.

La mayor parte de las casas carecen de agua corriente, luz y servicios. Por otra parte, en las deterioradas aulas del colegio Calixto Ariño viven once familias que llegaron desde las chabolas de la Bombarda; fueron ubicados en el colegiode forma provisional, hasta encontrarles un alojamiento definitivo, pero ya han pasado doce años desde entonces.

Los chabolistas de Montemolín se decantan por una parcela, porque ellos se dedican a la recogida de chaarra y de cartón, y les resultaría difícil e incómodo subirla hasta un piso.

El convenio para desalojar el Calixto Ariño fue presentado por el coordinador del Area de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza, el socialista Emilio Alfaro, y supone la transferencia de 45 millones de pesetas para poder encontrar vivienda a las once familias que ocupan las aulas del colegio.

El plan fija el plazo de un mes, tras la aprobación de la bases, para constituir una comisión de ejecución y valoración, que ealizará un seguimiento del grado de cumplimiento de los acuerdos de inserción, firmados con cada familia, y autorizará las opciones de compra de las viviendas.

Asimismo se fija un período de tres meses para la ejecución material de los desalojos y el traslado a los nuevos pisos, según han informado fuentes del departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza.

El acuerdo, suscrito por unanimidad en la Comisión de Acción Social del Ayuntamiento, señala que la salida de las once familias el Calixto Ariño vendrá determinada por la firma de un documento por parte de los cabezas de familia, acuerdo que comprometerá a todos los miembros de la misma.

Así, se pedirá a los beneficiarios que limpien el piso, que aprendan a cocinar y que escolaricen a los niños. Se exigirá también que el responsable de familia trabaje o que aprenda un oficio y que paguen el alquiler.

Además, deberán participar en las actividades de formación y seguimiento sociofamiliar que determinen los técnicos. Los alqileres mínimos supondrán el 15% del salario mínimo interprofesional de 1992 y los máximos no rebasarán las 15.000 pesetas. Si las familias cumplen el convenio, podrán optar a comprar las casas.

Las familias gitanas de Montemolín y del Calixto Ariño no han acogido de buena gana la obigación de pagar los alquileres de los que, en breve plazo, serán sus pisos. José López Giménez, que vive en el viejo colegio, dice que es "lógico" pagar el agua y la luz, pero no el alquiler: "Hay que mirar por la vida, peo si nos aprietan en lo de la vivienda, nos moriremos de hambre".