Además, este informe comprendería también un estudio sobre los efectos medioambientales acumulados de toda la reforma de la M-30, de manera que si se determinase que es necesario hacer alguna mejora, que el consistorio cree que no será así, se resolvería con medidas adicionales utilizando la legislación de contratos.

Según explicó hoy en rueda de prensa la concejala de Urbanismo, Paz González, tras el encuentro del ayuntamiento con los europarlamentarios desplazados a España para visitar las obras de la M-30, ésta es la solución que propone el consistorio a la Comisión Europea para buscar una salida al conflicto en su respuesta a la Carta de Emplazamiento, que ha sido tramitada por el ayuntamiento el pasado 20 de junio ante el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Para hacer esta declaración de impacto ambiental, el ayuntamiento se dirigiría al Gobierno de la Comunidad de Madrid, para que autorizara, en base a la ley de evaluación ambiental, someter esos proyectos a un estudio ambiental cuando no deben hacerlo según la legislación española.

La concejala se mostró confiada en que no habría ningún problema con el Gobierno regional a este respecto. Además, dijo que también ha habido reuniones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que está preparando la respuesta a la Carta de Emplazamiento de la Comisión, y que el Gobierno central considera que la propuesta del consistorio es una buena solución.

González aseguró que esta declaración de impacto ambiental no retrasará ni parará las obras de la M-30, ya que dijo que las del norte están pendientes de la prolongación de la Castellana, que está bloqueada por el Ministerio de Fomento. "Cuando se resuelva eso, se tramitaría el proyecto de declaración de impacto ambiental, si el Gobierno regional lo autoriza", afirmó.

La responsable de Urbanismo insistió en que el contencioso por las obras de la M-30 no beneficia a Madrid ni a sus ciudadanos y dijo que lo que intenta el consistorio es "una solución por la vía política del acuerdo negociado", porque las demás vías para resolver este conflicto jurídico no dependen del ayuntamiento.

VÍAS DE SOLUCIÓN

Recordó el problema jurídico que subyace en este conflicto, que es que la legislación europea establece para las carreteras, autopistas y vías rápidas la necesidad de declaración de impacto ambiental; mientras que para la española, como así lo han avalado el Consejo de Estado y varias sentencias, la M-30 es una vía urbana que no exige de este estudio.

Según González, para resolver este conflicto jurídico hay tres vías, que son la sentencia de un juez, que podría tardar ocho años; que el Parlamento Europeo clarifique la legislación europea, aclarando lo que es una carretera, una vía rápida y una autopista, o que las autoridades españolas trasladen bien la normativa europea y modifiquen la legislación española a este respecto.

González insistió en que ninguna de estas soluciones están al alcande del ayuntamiento. "Nosotros somos la víctima", porque "es el ayuntamiento el que ha padecido esa mala trasposición de la directiva", dijo la concejala, que indicó que el consistorio no desea mantener abierto este conflicto y que su propuesta de hacer una declaración de impacto ambiental para los proyectos no iniciados demuestra "la mejor disposición y buena fe del ayuntamiento".

Para la concejala, el problema es que "las directivas se han ido interpretando a golpe de sentencias". Por ello, insistió en que, mientras las autoridades europeas no legislen y definan cada tipo de vía y carretera, y las españolas notrasladen adecuadamente la directiva a la normativa española, "el problema de fondo seguirá existiendo".

González, que dijo que la reunión con los eurodiputados ha sido "cordial", dejó claro que la propuesta del ayuntamiento va dirigida a la Comisión Europea, ya que "los europarlamentarios no son jueces ni inspectores y no pueden resolver este conflicto. Son políticos homólogos de la posición del PSOE y de IU, que ya la conocemos en el ayuntamiento". Agregó que los que sería positivo es que los eurodiputados roparlamentarios se comprometieran a clarificar la directiva europea.

Aseguró que al ayuntamiento no le preocupa que el informe de los eurodiputados sea desfavorable. "Preocupación, ninguna, porque los proyectos están ejecutados con conforme a la legislación vigente. Otra cosa es que queramos alcanzar un acuerdo, como hemos hecho con otras administraciones", concluyó Martínez.