Así lo explicó durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde consideró estos 1,4 millones como una cuantía “muy alejada” de los casi 61 millones que se solicitaron el pasado 19 de julio relativo solo a lo que tenía que ver con contratos de emergencia.

Por ese motivo, señaló que los servicios jurídicos de la asesoría jurídica municipal han considerado procedente actuar ante los juzgados y tribunales “en defensa de los intereses municipales” mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo frente la resolución que dictó la Delegación de Gobierno.

Sanz comentó que los motivos en los que se basa ese recurso que se presentará en los próximos días son dos. Por un lado, “la falta de motivación en la resolución que determina una absoluta indefensión por parte del Ayuntamiento de Madrid al impedir conocer los motivos de la falta de concesión de la totalidad de las ayudas solicitadas, con una falta de justificación total y absoluta ante las demandas que se habían hecho por parte del Consistorio madrileño”

Por otro lado, “una vulneración de la normativa aplicable relativa a esos contratos de emergencia, dado que muchas de las cuestiones que se han excluido en este caso cumplen desde nuestro punto de vista con lo que tienen que ser esos contratos de emergencia”.

En definitiva, remarcó la portavoz municipal, “este recurso contencioso-administrativo tiene por objeto declarar la nulidad de esa resolución dictada por la Delegación de Gobierno y además el reconocimiento judicial y abono de los gastos realizados por el Ayuntamiento de Madrid por Filomena que están perfectamente justificados y avalados por nuestra intervención”.

Sanz recordó que el Ayuntamiento de Madrid remitió a la Delegación del Gobierno, antes de la resolución de las ayudas, certificaciones de gastos por un importe de 59.4 millones de euros frente a una estimación inicial de 60.9 millones de euros, lo que supone que se han contabilizado facturas por un 97,5% del importe solicitado a la Delegación del Gobierno. En la documentación remitida se incluían las facturas y los certificados de la intervención municipal.

La portavoz indicó que, en un primer momento, se acreditaron facturas por un importe de 38,1 millones de euros y, posteriormente, se fueron enviando nuevas actualizaciones: el 10 octubre, 7.5 millones de euros; el 10 noviembre, 2.9 millones del Ayuntamiento y otros 219.733 euros de la EMT. Por último, el 21 de diciembre, se mandaron 8,02 millones de euros del Ayuntamiento y 426.794 euros de la EMT.

INCONGRUENCIAS DE LA RESOLUCIÓN

Sanz comentó que, según el informe realizado por los técnicos del Ayuntamiento, la resolución de la Delegación del Gobierno “incurre en múltiples incongruencias”, ya que “se da tratamiento diferente a gastos de análoga naturaleza sin motivar dichas decisiones”. Por ejemplo, se acepta el gasto en suministro y distribución de sal en algunos distritos, mientras que no se aceptan los mismos gastos en otros. Esta misma actuación, efectuada por el mismo importe y mismo adjudicatario, es aceptada en el distrito de Centro, pero no en Salamanca.

Además, se acepta el gasto de la retirada de ramas y árboles caídos únicamente en las solicitudes presentadas por dos distritos, pero no los que realiza el Área de Medio Ambiente. También se acepta el gasto de la retirada de nieve en el interior de los centros educativos, sin embargo, no se admite en centros deportivos ni otro tipo de edificios municipales.

Asimismo, se desestima totalmente la subvención respecto de gastos cuya condición de inaplazables resulta evidente. No considera que la retirada de nieve en la vía pública sea un gasto subvencionable, pese a que dichas actuaciones fueron absolutamente imprescindibles para garantizar el funcionamiento de servicios públicos esenciales para la vida y seguridad de las personas.

También, se deniega el suministro de material de abrigo, mantas y calefactores a los habitantes, muchos de ellos menores, en la Cañada Real. Tampoco se considera subvencionable el rescate de vehículos atrapados por la nieve en la vía de circunvalación de la M-30. Asimismo, se desestiman los gastos por actuaciones realizadas por las empresas que forman parte del sector público municipal.