La iniciativa se enmarca dentro de la Campaña de Inspección y Control de Establecimientos de Tintorerías, un sector en alza que registra un número creciente de reclamaciones anuales, muchas de las cuales podrían evitarse si el consumidor conociera sus derechos legales, como el reglamento normativo de servicios de limpieza, conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos.

El control municipal vigila que los precios, servicios y horarios estén expuestos de forma visible y en castellano, así como las leyendas informativas incluidas en el real decreto sobre los derechos de los usuarios en reclamaciones y la existencia del Reglamento Oficial y la Carta de Recomendaciones.

También se controlan las indemnizaciones por pérdida o deterioro de la prenda consignadas de mutuo acuerdo en el resguardo de la misma, la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de los clientes y el pago anticipado bajo conformidad de éste.

Por otro lado, se verificará que se entregan resguardos o justificantes por las prendas depositadas en el establecimiento y que incluyen el nombre, domicilio de la empresa e identificación fiscal, número de referencia del resguardo, fecha de recepción de la prenda y datos del cliente, entre otros detalles.

En abonos del servicio por anticipado, los funcionarios contrastarán la conformidad expresa por parte del usuario y que el servicio de carácter urgente se realiza en un plazo máximo de tres días o de seis si se trata de teñido. Los gastos por almacenamiento sólo serán cobrados a partir de que la prenda, ya lista, no sea recogida antes de tres meses. Además, el importe deberá exhibirse de forma visible al público.

Los técnicos comprobarán la existencia del Reglamento Regulador de los servicios de tintorerías y de la Carta de Recomendaciones al usuario y que ambos están a disposición de los clientes. Con carácter general detectarán que la Licencia Urbanística Municipal figure en lugar visible al público y cotejarán las cantidades facturadas por los distintos tipos de servicio con las tarifas anunciadas. Si en el resguardo no se especifica el precio del servicio, se facturará por la tarifa más sencilla de las anunciadas.

También será objeto de control que las tarjetas de crédito o débito anunciadas en el establecimiento se admitan como forma de pago, que no existan carteles contra los derechos de los consumidores ni cláusulas abusivas en documentos que se entreguen al cliente y la publicidad engañosa que pueda inducir a error al consumidor. Posteriormente se analizarán los resultados obtenidos y se iniciarán los correspondientes expedientes sancionadores.

En la última campaña, realizada en el año 2005, se inspeccionaron 225 establecimientos, de los cuales un 30% presentaba alguna irregularidad, como la falta de un cartel explicativo de precio y servicios, resguardos de depósito fuera de la normativa vigente, falta de presentación de la preceptiva licencia y hojas de reclamaciones y la no exhibiciónel horario de atención al público.