Estos datos fueron facilitados en rueda prensa por el vicealcalde, Manuel Cobo, tras la reunión de la Junta de Gobierno de hoy, en la que se ha aprobado la renovación de este servicio de inspección para dos años, por un importe de 1.323.000 euros.

Cobo explicó que el objetivo de estas inspecciones es garantizar que los adjudicatarios cumplen con los requisitos bajo los que se les ha adjudicado una vivienda protegida y acabar con la picaresca e ilegalidad que se da en algunos casos, con el fin de que las casas retornen al Ayuntamiento y vuelvan a ser adjudicadas a las personas que realmente cumplen las condiciones para ello.

En las inspecciones realizadas en las viviendas protegidasse han detectado 2.397 incidencias, de las cuales se han archivado 1.970 tras comprobar los requisitos. En total se hanabierto 427 expedientes, en los que se está trabajando para la interposición de la correspondiente demanda judicial que permita recuperar las viviendas de aquellos adjudicatarios que hayan incumplido las condiciones de la adjudicación.

Las irregularidades más comunes son que la vivienda está vacía, en el 63% de los casos; en la vivienda hay una persona diferente al adjudicatario (25%); el adjudicatario ha fallecido (5%); no se facilita los datos (5%), y otros casos (1%).

El proceso de inspección del Sivim se lleva a cabo de dos formas. En primer lugar se realizan las inspecciones aleatorias, que se hacen en viviendas seleccionadas al azar un mínimo de dos veces al año; y, en segundo lugar, se hacen las inspecciones dirigidas, que afectan a las viviendas en las que presumiblemente se están cometiendo infracciones. Estas inspecciones vienen motivadas por quejas de vecinos, impagos de rentas, segundas y sucesivas visitas al haber observado indicios de irregularidades en la primera visita, etcétera.