Martínez señaló que los principales objetivos de este proceso son frenar el deterioro de los edificios de viviendas en la almendra central, impulsar la rehabilitación y potenciar la construcción de vivienda protegida. Explicó que en todos los casos se dan los tres requisitos necesarios: incumplimiento del deber de conservación, que éste sea reiterado y que en los inmuebles exista infravivienda.

Los primeros edificios que se expropiarán son los ubilicados en las calles Infanta Isabel, 13; Amparo, 13; Amparo 23; Amparo, 68; Huerta del Valle, 8; Mesón de Paredes, 57; Toledo, 18; Bastero, 7; Moratín, 3; Mira el Sol, 13; Salitre, 54; Tribulete, 23, Salitre, 34, y Buenavista, 34.

Según la concejala, el proceso tiene dos partes: la declaración del incumplimiento del propietario y el inicio del expediente de expropiación. Obtenidos estos edificios por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, se rehabilitarán y se realojará a aquellas personas que se encuentren en esos momentos ocupando el edificio.

Para reducir el elevado coste económico de esta medida, el 40% de las viviendas adquiridas serán protegidas y el 60% libres. Martínez destacó que esta iniciativa permite desde un punto de vista social mantener a la población residente en viviendas dignas y atraer al mismo tiempo a nuevas familias, ya que la previsión es ofrecer las casas resultantes en primer lugar a los vecinos originales del inmueble o a aquellos otros que se encuentren en una situación semejante.

Según Martínez, este proceso expropiatorio, que recibió el respaldo de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras para la Revitalización del Centro Urbano, trata de frenar el deterioro que sufren muchos edificios en los que sus propietarios de manera intencionada no acometen obras de conservación.

Explicó que, con ello, lo que pretenden es provocar ruinas económicas que, una vez declaradas, dan lugar a la rescisión de los contratos de arrendamiento de renta antigua, con el fin de liberarse de los arrendamientos a menor coste y poder disponer libremente del edificio.

Para estos casos, la Ley del Suelo no sólo prevé el deber de los propietarios de conservar sus inmuebles, sino que, además, regula cómo debe reaccionar la Administración ante los incumplimientos constantes. Martínez indicó que el consistorio aplicará los mecanismos expropiatorios no de forma generalizada, sino en aquellos casos en los que, al igual que en las 14 primeras fincas sobre las que se va a actuar, se den tres las tres circunstancias citadas simultáneamente.

"El objetivo que se persigue", precisó Martínez, "no es en ningún caso obtener beneficios, sino que, además de la finalidad social, las operaciones no produzcan pérdidas o se reduzcan de manera que se hagan viables". Añadió que, en todo caso, se considerará cumplido el objetivo tanto si se consigue la rehabilitación por el propietario, como si es el ayuntamiento el que ejecuta la rehabilitación. por un incumplimiento reiterado.