Según explicó la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, el actual equipo de Gobierno, en 2019, comenzó a diseñar un estudio para conocer cuál era su estado de conservación, pues hacía tres décadas que no se restauraba.

A finales de 2021, se concretaron esos estudios que han seguido metodologías aprobadas por las cartas y protocolos nacionales e internacionales de restauración y han utilizado la tecnología más avanzada, desarrollándose entre julio y noviembre de 2022 en la misma puerta.

Para ello, se ha contado con los mejores expertos en tratamientos y restauración de piedra y con la asesoría técnica del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE). En todo momento, se ha buscado el consenso de los expertos tanto en la metodología a aplicar en la restauración como en la aportación de soluciones eficaces a los problemas detectados.

SIN PROBLEMAS ESCTRUCTURALES

Los tres informes recibidos, coincidentes en cuanto al diagnóstico, y describen que el estado de conservación de la Puerta de Alcalá, si bien no adolece de problemas estructurales, sufre ciertos deterioros que afectan en mayor o menor medida a su conservación.

Los problemas pueden solucionarse mediante una adecuada restauración. Lo más preocupante son algunos elementos ornamentales concretos, grupos escultóricos que presentan fisuras y grietas originadas por el paso del tiempo y el comportamiento de materiales utilizados en restauraciones anteriores. Además, se ha comprobado que la cubierta de plomo no actúa de modo eficaz y hay humedad de condensación en la parte alta de la estructura de la puerta, algo que se debe atajar y solucionar. Por último, en parte de la estructura de granito, se observa que han surgido unas placas que hay que retirar.

El presupuesto estimado para llevar a cabo los trabajos de restauración es de 2,6 millones de euros y el plazo de ejecución estimado es de 12 meses desde el inicio de los trabajos. La empresa que tiene adjudicado el Contrato de Mantenimiento de Monumentos del Ayuntamiento de Madrid, Fernandez Molina, será la encargada de realizar los trabajos bajo la tutela de los arquitectos conservadores de la Dirección General de Patrimonio Cultural, el asesoramiento del IPCE y el control de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.