Precisamente, el alcalde de la localidad, el socialista Miguel Hernández, recibió hoy por escrito la notificación oficial de la Junta que preside Juan Vicente Herrera, por la que se le suspende en sus responsabilidades urbanísticas sobre la urbanización proyectada.

Hernández, en declaraciones a Servimedia, confirmó que el documento ya está en manos de los servicios jurídicos municipales que estudiarán la viabilidad de recurrir el mandato de la Junta castellano y leonesa.

En opinión del alcalde de esta localidad, de unos 5.000 habitantes, la decisión autonómica "está infundada porque se supone que yo he ido retrasando el proyecto, que no he querido dar la licencia en los plazos legales pero la verdad es que no he contado hasta ahora con todos los informes preceptivos necesarios para la aprobación provisional".

El proyecto inicialmente aprobado por el anterior equipo de gobierno municipal contemplaba la construcción de 250 viviendas que, tras la reforma del Reglamento de Urbanismo de Castilla e León, podrá aumentar a 500.

En total, se trata de un suelo urbanizable que opcupará 22 hectáreas en las inmediaciones del Parque Regional de Gredos y a 1,5 kilómetros del casco urbano de la población.

Para Hernández, el problema ya no es tanto el impacto medioambiental, paisajístico y forestral que supondría este proyecto urbanístico. Lo más grave, enjuició, es que podría poner en riesgo el abastecimiento de agua potable al cojunto del pueblo abulense.

Actualmente, la nueva promoción cuenta con una concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo de 12 litros por segundo, cuatro litros más que la que actualmente tiene concedido el municipio para unas 3.500 viviendas que lo conforman.

"Esto supone que en los meses de verano podemos andar con problemas de abastecimiento de agua. Se puede dar la circunstancia de que haya agua para esta urbanización, puesto que su captación la tiene del arroyo Castañarejo, que está dentro del parque regional de gredos, y que el municipio no lo tuviera", denunció.