Alvarez del Manzano afirmó al término de la reunión en la ue los afectados le solicitaron ayudas económicas, que, tras el atentado, el ayuntamiento cumplió con su obligación realizando la acción sustitutoria, que consisitió en el desescombro de la galería comercial y concesión de licencias, lo que supuso para la corporación un desembolso superior a los 11 millones de pesetas.

"Por ello, solicitaré a la administración autonómica y al delegado del Gobierno que, todos unidos, busquemos una fórmula para proporcionar la ayuda material necesaria para que los comeriantes puedan volver a trabajar", añadió.

El primer edil afirmó que el ayuntamiento no puede proporcionar esa ayuda sólo, por lo que actuará como punto de unión entre las tres administraciones, "que tienen que ser solidarias", para buscar una solución rápida.

"No me gustaría que con esto se crease una guerra de competencias entre las tres instituciones", indicó, "ni que ésto sirva de precedente para otros casos similares".

Aseguró que intentará establecer esos contactos durante el mes de agoto, aunque reconoció que será muy difícil dado la época estival, por lo que la reunión podría retrasarse hasta septiembre.

El alcalde afirmó que la responsibilidad de atender los daños producidos por los atentados terroristas corresponde al Ejecutivo central, ya que, recalcó, el ayuntamiento no dispone de una legislación específica para hacer frente a los costes de estos sucesos.

Por su parte, un portavoz de los comerciantes afirmó que los afectados por el atentado terrorista no intentan lucrarsecon este hecho, sino que su intención es volver a trabajar cuanto antes, para lo que necesitan que las autoridades les ayuden.

"No queremos que la reparación de nuestros negocios se dilate más en el tiempo, sino que nos den lo más rápidamente posible una solución", indicó.

Los afectados aseguraron que, por ahora, lo que piden es la ayuda económica necesaria para reabrir sus negocios. "Más tarde, se verá si solicitamos una indemnización por la pérdida de ventas durante este periodo", concluyeron. Pasado más de un mes desde que los etarras hicieron explosionar la bomba frente a la comisaría de San Blas, todavía permanecen cerrados más de 20 establecimientos de la galería comercial, de los que dependen unas 60 familias.