"Los servicios de información españoles conocían el riesgo de fuga de estos etarras y así se lo hicieron saber al Ejecutivo", afirmó a Radio España José Antonio Corredor, víctima de un atentado perpetrado por Belén González Peñalva en 1985.

El gerente de la AVT dijo que aunque las responsables directas de la desaparición de los etarras son las autoridades doinicanas, ya que los terroristas residían en aquel país, el Gobierno español también es responsable.

A juicio de Corredor, "el escándalo de esta situación no es la fuga en sí de los etarras, sino que estén en Santo Domingo desde el año 89, entrando y saliendo cuando querían, mientras la Audiencia Nacional ya había solicitado la extradición de Belén González".