Tanto el juzgado de instrucción número uno de Zaragoza coo la Audiencia provincial rehusaron practicar las pruebas solicitadas por la asociación, que mantiene que el suceso fue provocado por el "comando itinerante" de ETA, aprovechando que en el hotel estaban hospedados numerosos militares debido a la entrega de despachos en la Academia Militar, además de Carmen Polo, viuda del general Franco.

La asociación considera que es imprescindible la reapertura de las investigaciones del siniestro, en el que murieron 76 personas y otras 113 resultaron heridas, cuand 13 años más tarde sus familiares no han percibido ninguna indemnización, por lo que han visto vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.

Por la vía de lo civil, nada pudo resolverse ya que el Tribunal Supremo, en una sentencia hecha pública en 1988 absolvió al hotel de cualquier responsabilidad porque fue "un elemento introducido por un extraño" y altamente inflamable en el aceite en las freidurías el causante de las llamas.

Sin embargo, por la vía de lo penal el caso fue archivado por o encontrarse hechos delictivos, ya que la teoría oficial fue que el siniestro fue provocado en las cocinas del hotel, por lo que al no tratarse de un atentado no puede reclamarse la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

La controversia de ambas resoluciones produce, según la asociación, la indefensión de las víctimas y por tanto, la vulneración de sus derechos constitucionales, motivo que ha sido causa del recurso presentado ahora ante el Tribunal Constitucional por la AVT, que está dispuestaa llevar el caso ante el Tribunal de Estrasburgo.

Tras recordar que ETA y el Frente Revolucionario Antifascista Popular (FRAP) se hicieron responsables del incendio, la AVT insiste subraya que, de confirmarse la tesis del atentado, las indemnizacione se incrementarían hasta en un 120 por ciento.

La AVT cree que los autores del atentado tuvieron que alojarse en el hotel días antes del siniestro para estudiar la forma de cometer la acción, utilizando documentación falsa, por lo que quieren que el jzgado compruebe la autenticidad de todos los DNI y pasaportes de los huéspedes que figuran en el registro del hotel por aquellas fechas.

No obstante, la Audiencia estimó que la práctica de esta prueba era "muy farragosa" y no iba a arrojar luz sobre el caso, pero la AVT sostiene que sería de escasa dificultad puesto que bastaría con introducir los datos en los ordenadores de la Dirección de Seguridad del Estado para comprobar en pocos minutos la autenticidad o falsedad de los mismos.

La asociació insiste en la posibilidad de que la autoría correspondiera al "comando itinerante" porque por aquel entonces se mostró muy activo en toda España, cometiendo atentados principalmente contra fuerzas de la Seuriddad del Estado.

Al tener su base en Francia, Zaragoza suponía un punto intermedio entre Madrid, donde se produjeron los últimos atentados, y la frontera.

La AVT recuerda que estos datos no pudieron ser comprobados por el juez de instrucción, ya que por aquellas fechas las autoridades no tenan noticias de la existencia del "comando", que fue descubierto años más tarde, en abril de 1990, con la detención de su máximo responsable, Henri Parot, cuando se saltó un control rutinario en las cercanías de Sevilla.