A juicio de la AVT, en este caso se dan los tres requisitos del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decretar la prisión incondicional del inculpado: "consta la existencia de la comisión de un delito, la pena prevista en el Código Penal para el delito de colaboración con bandas armadas es superior a priión menor y existen motivos sobrados para creer responsable del mismo al imputado, teniendo en cuenta el resultado de la prueba, cuya validez fue cuestionada".

Esta asociación aduce que Gorostiza está lejos de sobrepasar el límite temporal de 2 años de cárcel provisional fijado en el artículo 504 de dicha ley, ya que permaneció en esa situación desde el 2 de febrero de 1993 hasta el 14 de diciembre de 1993, es decir 10 meses, y podría ser condenado a un apena de 10 años de prisión.

Finalmente, laAVT afirma que es necesario decretar la prisión incondicional por tres motivos: "Evitar la frustración del proceso con la posible fuga del inculpado, impedir la reiteración delictiva y evitar la alarma social".