Los cinco etarras estarían percibiendo, según las fuentes consultadas por la AVT, un sueldo de 85.000 pesetas cada uno al mes, lo que supone multiplicar por siete el salario mínimo en aquel país.

Una delegación de la AVT, formada por su secretario general, Luis Delgado; el gerente, Juan Anonio Corredor, el abogado José María Fuster y el responsable de prensa, Paulino Baena, se desplazó en los últimos días a la capital dominicana, Santo Domingo, a cuyo Gobierno solicitaron que conceda la extradición de los terroristas, lo que todavía no han solicitado formalmente las autoridades españolas.

En su desplazamiento, la representación de la AVT cursó una visita al barrio de Almarosa, en Santo Domingo, donde se ubica la residencia de los etarras Eugenio Etxebeste 'Antxon', Belén González Peñala 'Carmen', Ignacio Aracama Mendía 'Macario', Angel Iturbe Abasolo y José María Gantxegi 'Pello'. En el lugar realizaron fotografías como prueba de su localización, una de las cuales recoge la imagen del etarra Gantxegi, alias 'Pello', paseando por el jardín de la vivienda.

La delegación de la AVT se entrevistó en Santo Domingo con Jorge de Santiago, secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la Cancilleria dominicana, quien se comprometió a elevar a la presidencia de su país un informe favorabl a la extradición de los etarras.

DE ARGEL A SANTO DOMINGO

Los etarras deportados a la República Dominicana llegaron a este país en 1989, después de haber sido expulsados de Argel (Argelia). Junto a Juan Manuel Soares Gamboa 'Dani' (que se encuentra encarcelado en España), los cinco miembros de la banda terrorista participaron infructuosamente en unas conversaciones con representantes del Gobierno español sobre ETA.

La AVT, entendiendo que estos etarras estaban reclamados en España por un totalde 42 asesinatos, interpuso una querella por un delito de falta de auxilio contra Esteban Casaux, coronel jefe del Ala XXXI de Zaragoza, que comandó el avión 'Hércules' de las Fuerzas Aéreas españolas en el que fueron trasladados a Santo Domingo los etarras.

Aquella acción jurídica no prosperó. No obstante, la AVT solicitará al Parlamento español que resulte de las próximas elecciones generales la creación de una comisión que investigue las responsabilidades del Gobierno socialista "en relación a los tarras mantenidos con fondos públicos, por haber podido incurrir en un delito de falta de auxilio a la Justicia", explicó hoy en rueda de prensa en Madrid Juan Antonio Corredor, director-gerente de la AVT.

Entre los asesinatos que se les imputan a tres de los cinco etarras que desde hace siete años residen en Santo Domingo destacan los que costaron la vida al teniente general Guillermo Quintana Lacaci, en 1984; al vicealmirante Cristóbal Colón de Carvajal, en 1986, y al inspector de policía Antonio Reio Claver, en 1979.

A la lista de actuaciones individuales se añade la muerte del director del Banco Central en Madrid, Ricardo Tejero, en 1985 y el secuestro de Diego Prado y Colón de Carvajal, en 1983, además del asesinato de catorce funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de un súbdito americano a raíz de un atentado contra un furgón policial en la Plaza de la República Argentina de Madrid, en 1985.